El precio del agua debería reflejar su verdadero valor de mercado en la República Dominicana

Por Odalis F. Marte

@ofmarte

Lo primero que se enseña en economía es de la relativa escasez de los bienes y servicios producidos en relación a la gran cantidad de necesidades humanas que estos deben satisfacer. Por esa razón existen los mercados en donde la cantidad de productos ofertados en venta y la cantidad demandada para la compra se equilibran mediante los precios que finalmente los compradores y vendedores acuerdan de manera voluntaria. De este modo, los precios sirven como mecanismo para asignar los recursos en función de su disponibilidad (abundancia o escasez) para servir a las necesidades de la gente. En este sentido, bajo condiciones de relativa libertad de mercado, precios bajos indican abundancia del bien mientras que precios altos denotan escasez.

Dicho esto, el agua es un bien cuyo precio no refleja su relativa escasez en la República Dominicana, más bien, dado su muy bajo precio parecería ser un recurso elevadamente abundante.Pero, lastimosamente, esa no es la realidad. Cabe destacar que me refiero al agua dulce, la que puede ser utilizada para la agricultura y el consumo humano en general.

El agua debería reflejar su verdadero valor de mercado. Su precio no refleja su relativa escasez. No obstante, los hogares y las empresas suelen recibir agua a un precio subsidiado lo cual, combinado con asignaciones presupuestarias que limitan las inversiones necesarias en el sector, entre otras filtraciones habituales de recursos, previenen no sólo una cobertura adecuada del servicio de agua sino que, por el lado de la demanda, existen pocos incentivos para el uso racional del preciado líquido. Es más, una proporción importante de la producción de agua en la República Dominicana se pierde en el proceso de distribución al tiempo que otra proporción se desperdicia en las empresas y hogares usuarios de ese servicio.

El reto de política pública en este caso consiste en lograr un equilibrio entre la capacidad de las entidades productoras de agua para proveer el servicio en cantidad y calidad adecuadas, y los incentivos para el uso racional por parte de los consumidores finales. Este equilibrio implicaría una combinación de mayor asignación de recursos presupuestarios y tecnologías a las entidades productoras de agua, así como valoración adecuada de producto final a precios de mercado. Bajo esta visión de eficiencia de mercado, el Gobierno puede considerar focalizar algún tipo de subvención para los hogares más pobres.

Conducta de pago en los condominios debe reportarse en "Datacrédito"

Los cambios en la dinámica de crecimiento económico desde la segunda mitad de los 90 contribuyeron a la aceleración del proceso de urbanización en la República Dominicana, implicando un uso más intensivo de los espacios en la ciudades al aumentar la densidad de población. Esta condición, en ausencia de planificación urbana, ayudó a crear los incentivos para la destrucción de casas para construir en su lugar edificios de apartamentos.

Los edificios de apartamentos son lugares de residencia multifamiliares, en donde se pueden alojar varios hogares en donde solamente habitaba una familia. Como este proceso ha sido rápido y desprovisto de planificación en las principales ciudades de la República Dominicana, se observa caos en el hábitat general, con pocos espacios de esparcimiento y aparcamiento, así como con dificultad en la organización de los condominios en cuanto a la convivencia y la administración de la propiedad común.

Los problemas de administración y convivencia en los condominios van desde el respecto a las reglas elementales de comportamiento comunitario (incluyendo ruido, uso y cuidado de espacios compartidos...) hasta el pago de las cuotas de mantenimiento para cubrir gastos comunes de aseo, seguridad, ornato y reparaciones. Este último aspecto es sumamente importante en tanto que influye en la conservación de la apariencia y valor de los edificios y sus apartamentos así como en la calidad de vida de sus residentes.

Muy probablemente, las cuotas por mantenimiento sería el principal problema de administración que enfrentan de los condominios en prácticamente todos los niveles de ingresos en la República Dominicana, donde siempre hay algún hogar que paga con retraso sus cuotas y a veces no paga sus obligaciones produciendo grandes inconvenientes para la administración y convivencia en el condominio. 

A pesar de que la República Dominicana cuenta con un marco legal que regula la administración y convivencia en los condominios, parece que la misma ha sido insuficiente para influir decididamente en la conducta de unos pocos residentes de edificios de apartamentos. Probablemente sea hora de probar algo distinto.

Podría ser interesante que se traten algunas medidas alternativas para complementar el marco regulatorio de los condominios y mejorar la convivencia ordenada de sus residentes. Listamos unas sugerencias generales:

1. Que los condominios debidamente constituidos puedan, por vía de sus administraciones, reportar a los burós de crédito la conducta de pago de sus residentes.

2. Que los ayuntamientos busquen la manera de trabajar con las juntas de vecinos para concienciar, así como considerar fortalecer los mecanismos de resolución de conflictos en los condominios por la vía del marco legal vigente.

Sobre la economía política del cambio climático

Por Odalis F. Marte

@ofmarte 

Existe amplia evidencia sobre los efectos de las actividades económicas humanas sobre la alteración del clima, manifestándose en dislocación de los cliclos climáticos - incluyendo aumentos de temperatura, aumento de frecuencia de desastres naturales vinculados al clima, así como la merma y hasta desaparición de especies animales y vegetales por pérdida de hábitat y fuentes de alimentación. Cabe hacernos una pregunta retórica: ¿qué más daño podremos hacer a nuestro planeta sin dañarnos severamente nosotros mismos?

A pesar de ser los países desarrollados los principales responsables de la contaminación que está alterando los ciclos climáticos, son los países en vías de desarrollo los más afectados y amenazados en su supervivencia. Ejemplo de ello es el caso de América Latina, responsable del 12.5% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo experimentaría un enorme perjuicio económico por el aumento de la temperatura global en aproximadamente 4 grados en las próximas décadas. No todos los países perderían por igual y puede que algunos ganen en el corto plazo, lo que dificulta alcanzar acuerdos para enfrentar la situación y tratar de moderar tanto daño al planeta.

En el caso de la República Dominicana, país con una relativamente alta densidad de población y que ocupa parte de una isla sobre poblada, debe prestar altísimo interés al cambio climático. Un aumento de la temperatura derretiría glaciales que haría subir el nivel del mar lo que podría perjudicar a las playas que sirven de atractivo turístico por la potencial pérdida de territorio al ser inundadas por el mar. Es algo serio que debe tomarse muy en serio.

Afortunadamente, se están dando los movimientos de conciencia, ciencia, presiones políticas y hasta oportunidades económicas que están poniendo incentivos para que los principales países aborden el cambio climático con una visión de mitigación, prevención, inclusión y transformación productiva. La toma de conciencia internacional y las negociaciones a nivel de la Organización para las Naciones Unidas están a mitad de camino, pero avanzan. Se espera que, luego de las reuniones de Lima, Perú, en diciembre de 2014, se logren arribar a acuerdos que comprometan a la mayoría de las países - principalmente a los más contaminantes, a adoptar un plan comprehensivo de reducción de emisiones de dióxido de carbono en un plazo razonable, al tiempo que se amplíe el apoyo financiero y la transferencia de tecnologías para agilizar las transformaciones productivas que reduzcan la basura contaminante, use menos combustibles fósiles, optimice el uso del agua y las fuentes renovables de energía conjuntamente con la mejor producción de alimentos y otros bienes necesarios.

Se debe saber aprovechar la caída en los precios del petróleo

Por Odalis F. Marte
@ofmarte

Para el cuarto trimestre de 2014, los precios internacionales del petróleo habían descendido a su nivel su nivel más bajo desde el año 2010. Se espera que se mantengan por debajo de 100 dólares el barril por lo menos hasta la segunda mitad de 2017.

Distintas razones se aducen para tal desplome. Se habla de una combinación de exceso de oferta del crudo debido a la mayor producción en los Estados Unidos junto a una caída en la demanda mundial por la ralentización de la economía las economías emergentes, especialmente China, así como el pobre desempeño de Japón y la Eurozona. Como frecuentemente sucede, no falta una teoría de la conspiración en el sentido de que hay quienes atribuyen la caída de los precios a un plan de Arabia Saudí para quebrar a los productores de petróleo y gas de esquito de los Estados Unidos, los cuales necesitarían de un precio mínimo de alrededor de 70 dólares para ser rentables.

El viernes 28-11-2014 el WTI cerró en $66 el barril

Fuente: The New York Times

Cualquiera que sea la causa de la caída de los precios del petróleo, no debe tomarse como una situación permanente por lo que los hacedores de política económica en los países importadores tienen la oportunidad de aprovechar esta situación para corregir cargas distorsionantes y hasta insostenibles en sus finanzas públicas. En este sentido, varios países en Asia están programando recortes de subsidios en los carburantes.

En el caso de la República Dominicana, la caída en los precios internacionales del petróleo debería servir para reducir el subsidio eléctrico y establecer la ¨tarifa técnica¨, es decir el cargo mínimo por consumo de electricidad tal que se cubran los costos la electricidad servida. Se debe recordar que el último acuerdo con el FMI perimió sin que se hubiera logrado esa meta, debido a que el gobierno dominicano no encontraba políticamente factible realizar un ajuste tarifario que, aunque escalonado, era de alrededor de 18 por ciento.

El Gobierno dominicano tiene los medios técnicos y los conocimientos para, si lo considera necesario, disponer de subvencionar exclusivamente los más pobres de la población con una tarifa eléctrica por debajo del costo de producción del servicio. Existe más conciencia que en el pasado de que la electricidad debe servirse similar a como se comercializan las telecomunicaciones, por eso compartimos la opinión de que debería ser ofrecida por empresas privadas (que, de por sí, generan en la actualidad más de la mitad de la energía que se distribuye en la República Dominicana) bajo una superintendencia en ejercicio de sus plenas facultades técnicas.

Sobre la Economía de la Delincuencia

En todas  partes se comete algún tipo de crimen tanto contra las personas como las propiedades de individuos,  familias, empresas, gobiernos o Estados. No obstante, existen serios efectos del crimen sobre la actividad económica, en tanto que puede afectar los costos y la productividad de los factores de producción, así como las decisiones de consumo y la asignación de recursos en una economía.

En los países con alta delincuencia, los ciudadanos suelen sentirse inseguros para salir a las calles a realizar actividades más allá de las estrictamente necesarias, limitando el crecimiento del gasto de consumo privado; los hogares, las empresas y el gobierno aumentan sus gastos en seguridad en perjuicio del uso de esos recursos para sustentar la inversión en infraestructura y en entrenamiento de la mano de obra, así como en la provisión de servicios públicos en general. De este modo, la delincuencia genera importantes costos para las sociedades, los cuales pueden manifestarse tanto en la pérdida de valor sustraído como los mayores gastos en protección y curación de víctimas del crimen.

Los costos directos de la delincuencia están asociados a los recursos que los hogares, las empresas y el Estado destinan de sus presupuestos para proteger vidas y propiedades de las acciones delictivas de individuos y grupos de malhechores, incluyendo las pérdidas asociadas al uso alternativo que hubieran satisfecho importantes necesidades materiales, de no haberse tenido que gastar en protegerse de la delincuencia, así como los efectos físicos y psicológicos de la criminalidad sobre las personas afectadas.

En países de America Latina la delincuencia impone una elevada carga a la economía. En Brasil, Colombia, México, Perú, El Salvador y Venezuela el costo de la delincuencia puede superar el 15% de su producto interno bruto.  Según la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Crimen y las Drogas, en la última década América Latina tiene la segunda tasa de homicidios a nivel mundial, sólo superada por África. 

Para mayor información, se puede consultar http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf. Para estudio de caso, ver http://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/UNODC-costo-crimen.pdf.

De por qué pocas empresas estadounidenses consiguen contratos en países como la República Dominicana

Por Odalis F. Marte
@ofmarte

¿Cual es la desventaja de las empresas de Estados Unidos para conseguir contratos en países en vías de desarrollo como los de América Latina frente a competidores de otros países? Muy probablemente la respuesta esté en una ley de Estados Unidos que regula los pagos a oficiales foráneos que las empresas estadounidenses o extranjeras que cotizan en las bolsas de valores americanas pueden realizar a fin de conseguir o retener un contrato de negocios en el exterior. Se trata de la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero o Foreign Corrupt Practices Act -FCPA, por sus siglas en inglés - ( http://www.justicie.gov/criminal/fraud/fcpa/ ).

La investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra la empresa brasileña Embraer por presuntos pagos de sobornos para vender aviones a la República Dominicana, según reportó el diario de negocios The Wallstreet Journal el 23 de septiembre de 2014 ( http://m.wsj.com/articles/brazil-files-bribery-charges-in-embraer-aircraft-sale-to-dominican-republic-1411502236?mobile=y ; http://acento.com.do/2014/actualidad/8177073-historia-completa-con-nombres-sobre-caso-de-corrupcion-de-los-aviones-tucano/ ) se enmarca dentro de la FCPA, obligando a la empresa brasileña a ofrecer toda cooperación necesaria para esclarecer si hubo práctica ilegal en la trasacción, así como sus posibles responsables.

Muy probablemente, debido a la FCPA muchas empresas de Estados Unidos no consiguen o no buscan contratos en países donde es habitual tener que pagar sobornos, como lo procuran compañías de otros países que no cuentan con una ley que controle y penalice las practicas corruptas en el extranjero o que, la regulación que tienen no es tan rigurosa como la de Estados Unidos. Es por eso que en muchos países en desarrollo, incluida la República Dominicana, las empresas de algunos países europeos y de Latinoamérica ganan contratas con relativa facilidad en comparación con las firmas de Estados Unidos, incluso cuando estas últimas podrían ser más competitivas en sus ofertas de bienes y servicios. (  http://m.elcaribe.com.do/2014/09/27/razon-los-tucano )

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Sobre la economía del transporte en la República Dominicana

Por Odalis F. Marte

@ofmarte

 El sistema de transporte genera una importante externalidad que puede impulsar(dañar) los niveles de productividad en una economía. Un sistema de transporte de pasajeros y de carga eficiente puede mejorar el ambiente de negocios potenciando la expansión de la empresa e inversión privadas y la calidad de vida de la población en general. Por un lado, contar con un sistema de transporte público adecuado y seguro puede contribuir a reducir los congestionamientos de tráfico urbano al disminuir la necesidad de conducir en vehículos privados para actividades tan cotidianas como ir a los centros laborales y escolares. Por otro lado, tener un sistema de transporte de carga que funcione con relativa eficiencia puede contribuir con la competitividad de la economía al influir en los costos de distribución de la producción.

En lo concerniente a las infraestructuras, contar con calles y carreteras en buen estado constituye un importante componente del sistema de transporte de un país e influye en los costos operativos de la transportación de personas y mercancías.

En la República Dominicana habría alrededor de 12 entidades gubernamentales vinculadas al sector transporte. Entre las más visibles están la Oficina para el Reordenamiento del Tránsito (OPRET), Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT), Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)... La dispersión de esfuerzos y duplicidad de funciones alrededor del transporte de pasajeros y de carga en la RD implica un uso irracional de los recursos lo cual se refleja en el caos en que se desenvuelve el sector. En nuestra opinión, sería económicamente más racional crear un ministerio de transportes.

En países ordenados, el sistema de transporte suele ser regulado por un ministerio especializado. Este planifica sus necesidades de operación, ordenamiento y expansión. Una política de transporte requiere de un ente técnico creíble que establezca estategias de desarrollo del sistema, con la suficiente autoridad para interactuar efectivamente con los actores del mercado transportista y el soporte de una política de estado comprehensiva y sostenible en el tiempo.

Muchos mercados en la República Dominicana están severamente distorsionados por la escasa o nula competencia, ej.:transporte, banca, seguros. El monopolio de transporte de carga en la República Dominicana es casi un ejemplo de libro de texto de ineficiencia en ausencia de competencia. El transporte de carga en RD es realizado, principalmente, por camiones desvencijados, a pesar de las altas tarifas... Por su lado, el transporte de pasajeros es extremadamente ineficiente e inseguro al combinar unidades pequeña y de muchos años de antigüedad.

El transporte debe visto como un negocio que opera en un mercado que puede ser tan competitivo como lo estimule su ente regulador, el transportista ofrece un servicio y el mismo le debe rendir beneficios para poder operar privadamente; el pasajero es el demandante de debería recibir un servicio acorde con el valor que paga por su pasaje. En ese sentido, como primer paso hacia el reordenamiento del sistema en la República Dominicana el Estado debe recuperar la propiedad de las rutas de transporte de pasajero y regular efectivamente mercado del transporte de carga.