Por Odalis F. Marte
@ofmarte
Las organizaciones empresariales en la
República Dominicana suelen ser colectivos que agrupan principalmente a
pequeñas y medianas empresas (pymes) familiares que operan en distintas
actividades productivas. Como suele ser característico en toda economía de
mercado, buena parte de la producción de bienes y servicios así como la
generación de empleos descansa sobre los hombros de los pequeños negocios por
lo que es importante que las políticas públicas en pos de generar empleos
mantenga el apoyo al emprendimiento y las asociaciones empresariales
representen adecuadamente los intereses de la mayoría de sus pymes asociadas.
Bajo este argumento, se debe esperar que
las agrupaciones empresariales busquen influir en las políticas públicas en el
orden de que las mismas aborden las problemáticas que adversan el ambiente de
negocios relevante para las pymes, tanto en el orden económico, como
institucional. No obstante, cabe preguntar si las directivas de las organizaciones
empresariales conocen plenamente los principales problemas del grueso de sus empresas
afiliadas y cabildean para que se solucionen los mismos.
El acceso al crédito, la estabilidad del
servicio de electricidad, la seguridad ciudadana y la competencia desleal en el
mercado (tanto desde las importaciones irregulares como de las prácticas
monopólicas de algunas empresas grandes), son algunas de las inquietudes que
más frecuentemente se reflejan en distintos sondeos de opinión empresarial, así
como otros temas relacionados con la calidad de otros servicios públicos. No
obstante, cabe preguntar, ¿están las asociaciones empresariales cabildeando
activamente para que las políticas públicas aborden esas problemáticas?
Aparentemente, las agendas de la dirigencia
de las distintas organizaciones empresariales en la República Dominicana suelen
ser sumamente amplias tendiendo a dispersarse por abarcar muchos temas que van
desde asuntos político-institucionales hasta cuestiones macroeconómicas, temas
que si bien son importantes su resolución tomaría tiempo, consenso político y
bastos recursos de cabildeo. Ante esta situación, sería aconsejable considerar, primero, realizar estudios que establezcan las
verdaderas preocupaciones de las empresas afiliadas de las asociaciones
empresariales; en segundo lugar, fuera bueno ordenar las prioridades empresariales según la urgencia y buscar establecer
alianzas público-privadas para establecer propuestas para solucionar cada
situación y servir adecuadamente a los sectores productivos, especialmente las
pequeñas y mdianas empresas.
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