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viernes, 18 de marzo de 2022

Reducir impuestos de importación a alimentos tiene sentido en el contexto actual

 Por Odalis Francisco Marte

@ofmarte

El gobierno de la República Dominicana anunció el pasado 7 de marzo de 2022 un conjunto de medidas temporales (con duración de entre 4 y 6 meses) para estabilizar los precios de productos de gran ponderación en la canasta familiar. Así, la intención esas medidas es suavizar el impacto que sobre los precios internos están teniendo las presiones inflacionarias externas. Esas medidas incluyen subsidiar combustibles (PPET>$85<$115) y algunas materias primas de la industria alimenticia, así como subvencionar el transporte público y reducir a cero los aranceles a algunos productos importados de la canasta familiar. (https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-abinader-anuncia-medidas-para-estabilizar-el-precio-de-los-combustibles-y-de-la)

Cabe resaltar que los aumentos de precios ocurren por un exceso de demanda respecto a la oferta. En ese sentido, como resultado de una economía dinámica y resiliente a las perturbaciones externas como es la dominicana, los hogares y las empresas del país continúan comprando bienes y servicios, ya sea para aumentar la producción o para satisfacer las crecientes necesidades de consumo. También el Gobierno realiza compras importantes que impactan positivamente la actividad económica. Toda esa demanda agregada supera la oferta de bienes, tanto producidos internamente e importados por lo que los precios han tendido a subir.

Un aspecto por destacar es que una proporción muy importante de esos aumentos generales de precios corresponde a los grupos de bienes Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, que representa 23.8% la canasta familiar siendo la más alta ponderación en el gasto de los hogares dominicanos. Esto preocupa al Gobierno, pero sobre todo a los hogares por lo que nuestras autoridades se han visto obligadas a actuar.

Para ponerlo en contexto. La economía dominicana ha estado experimentando un aumento importante en las presiones inflacionarias a partir del año 2019. Así, si bien la inflación general en 2019 fue de 3.7%, la inflación del grupo alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 7.1%. Según el Informe de Política Monetaria del BCRD de noviembre de ese año, desde el mes de junio, la inflación empezó a mostrar una tendencia al impactada por los efectos de la sequía sobre los precios de los productos agropecuarios.

Del mismo modo, en 2020 la inflación general fue de 5.6%, pero la del grupo de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas fue de 8.7 % y en 2021 se registró una inflación general de 8.5%, pero la de alimentos fue de 9.2%.

Es comprensible que preocupe a sectores vinculados a la producción de alimentos que aumente la competencia para sus productos en el mercado nacional. En efecto, lo que el Gobierno para perseguir es aumentar la oferta de alimentos para, de ese modo, reducir el exceso de demanda y facilitar que bajen los precios o, al menos dejen de subir tanto. Claro está que los productores temen una reducción de sus ingresos y, por consiguiente, una amenaza a la rentabilidad y viabilidad de sus empresas, pero las medidas anunciadas son de carácter temporal por lo que no deberían ser una amenaza vital para el conjunto de los productores nacionales, habida cuenta de que habría un subsidio que afectaría positivamente sus costos por materias primas importadas.

 

viernes, 29 de enero de 2021

Patriotismo no es lo mismo que nacionalismo

Por Odalis Francisco Marte 
       @ofmarte

Como en la República Dominicana estamos en el Mes de la Patria, no estaría de más aclarar que patriotismo no es lo mismo que nacionalismo: el nacionalismo apela a la unidad y herencia cultural común, no siempre apreciando la diversidad; mientras que el patriotismo se refiere al amor por una nación, con más énfasis en valores y creencias que nos unen, aún dentro cierta diversidad de razas y culturas.

Juan Pablo Duarte era realmente un patriota que nos quiso dominicanos y dominicanas unidos por valores morales, igualdad y respeto a las leyes, creencias, democracia y diversidad.

Los ciudadanos dominicanos de hoy tenemos el gran reto de hacer que nuestro país se parezca más al ideal democrático liberal del patricio Juan Pablo Duarte que a la mentalidad autoritaria del general Pedro Santana. 


La manera más adecuada de honrar la memoria de Juan Pablo Duarte no es con simples actos protocolares o discursos rimbombantes, es con nuestra conducta cívica, honradez en el servicio público y observancia de la Ley en nuestras vidas privadas para hacer la República Dominicana un mejor país. Que los ideales de Duarte nos hagan sentir amor patrio y fe en nuestro futuro como nación, con mayor prosperidad material y equidad social.

miércoles, 10 de abril de 2019

Las asociaciones empresariales de la República Dominicana pueden representar mejor a sus afiliados

Por Odalis F. Marte
@ofmarte

Las organizaciones empresariales en la República Dominicana suelen ser colectivos que agrupan principalmente a pequeñas y medianas empresas (pymes) familiares que operan en distintas actividades productivas. Como suele ser característico en toda economía de mercado, buena parte de la producción de bienes y servicios así como la generación de empleos descansa sobre los hombros de los pequeños negocios por lo que es importante que las políticas públicas en pos de generar empleos mantenga el apoyo al emprendimiento y las asociaciones empresariales representen adecuadamente los intereses de la mayoría de sus pymes asociadas.

Bajo este argumento, se debe esperar que las agrupaciones empresariales busquen influir en las políticas públicas en el orden de que las mismas aborden las problemáticas que adversan el ambiente de negocios relevante para las pymes, tanto en el orden económico, como institucional. No obstante, cabe preguntar si las directivas de las organizaciones empresariales conocen plenamente los principales problemas del grueso de sus empresas afiliadas y cabildean para que se solucionen los mismos.

El acceso al crédito, la estabilidad del servicio de electricidad, la seguridad ciudadana y la competencia desleal en el mercado (tanto desde las importaciones irregulares como de las prácticas monopólicas de algunas empresas grandes), son algunas de las inquietudes que más frecuentemente se reflejan en distintos sondeos de opinión empresarial, así como otros temas relacionados con la calidad de otros servicios públicos. No obstante, cabe preguntar, ¿están las asociaciones empresariales cabildeando activamente para que las políticas públicas aborden esas problemáticas? 


Aparentemente, las agendas de la dirigencia de las distintas organizaciones empresariales en la República Dominicana suelen ser sumamente amplias tendiendo a dispersarse por abarcar muchos temas que van desde asuntos político-institucionales hasta cuestiones macroeconómicas, temas que si bien son importantes su resolución tomaría tiempo, consenso político y bastos recursos de cabildeo. Ante esta situación, sería aconsejable considerar, primero, realizar estudios que establezcan las verdaderas preocupaciones de las empresas afiliadas de las asociaciones empresariales; en segundo lugar, fuera bueno ordenar las prioridades empresariales según la urgencia y buscar establecer alianzas público-privadas para establecer propuestas para solucionar cada situación y servir adecuadamente a los sectores productivos, especialmente las pequeñas y mdianas empresas.

miércoles, 25 de abril de 2018

Discusión sobre reforma laboral en la República Dominicana: ¿proteger el empleo o al empleado?


Por Odalis F. Marte
@ofmarte

El debate sobre la necesidad de una reforma del mercado laboral en la República Dominicana se ha concentrado en un enfoque legalista y hasta de lucha de clases, obviando contextualizar la discusión en torno a los cambios registrados en la economía mundial luego de la crisis financiera internacional de 2008, y los efectos de esa situación sobre economías pequeñas y abiertas como la nuestra.

La realidad es más compleja de lo que se ha discutido. si el derecho a pago de prestaciones por cesantía debería ser sustituido por un seguro de desempleo... Ciertamente, hay consideraciones de tipo legal que involucran derechos de los trabajadores y de las empresas, y que afectan principalmente a las pymes, cuya capacidad financiera les impediría aguantar una demanda laboral poniéndolos en peligro de quiebra y arriesgando los puestos de trabajo que tienen.

Desde la perspectiva de una política de marcado de trabajo, se puede tener dos enfoques: de protección al trabajador y de protección del trabajo. En países de economías desarrolladas y de pleno empleo se implementaron políticas de protección al trabajador por décadas, puesto que sus economías solían generar suficientes empleos para la población en edad de trabajar y sus empresas creaban suficientes ganancias como para repartir mejor sus beneficios. Esto hizo posible un conjunto de "conquistas" en favor de los trabajadores. Como los jóvenes se incorporaban al mercado laboral con relativa facilidad, estos podían cotizar a fondos de pensiones de reparto para pagar el retiro de sus mayores y, si algo faltaba, lo pagaban sus gobiernos hasta tanto pudieron soportar las finanzas públicas.

República Dominicana. Tasa de desocupación promedio por rango de edad
2014-2016

Total
15 - 19
20 - 39
40 - 59
60 y más
2014
6.4%
14.5%
8.7%
3.3%
1.2%
2015
5.9%
18.7%
7.6%
2.4%
3.7%
2016
5.5%
13.2%
7.5%
2.9%
1.1%
      Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

Luego de la crisis financiera internacional que explotó en la segunda mitad de 2008, convertida en una crisis económica que redujo la capacidad de la economía mundial de crecer como en la década previa, la situación ha cambiado. Las economías no generan los empleos de antes, por lo que menos personas encuentran trabajo como sucedía en la década anterior, obligando a muchos países a cambiar su enfoque de mercado laboral hacia la protección del trabajo en vez de la protección del trabajador.

Proteger el trabajo no implica necesariamente desproteger al trabajador

Políticas de protección del empleo implican facilitar un marco de flexibilidad en el mercado de manera que las empresas puedan maximizar el uso del factor trabajo, es decir, poder emplear la mayor cantidad de personas y así reducir ej desempleo. Bajo este enfoque se entiende que es mejor tener la mayor cantidad posible de gente trabajando con menos protección a tener pocos empleados altamente protegidos. No obstante, mayor nivel de empleo en la economía implicaría, en el largo plazo, mayores salarios lo cual daría mayor bienestar a los trabajadores de manera espontánea salvo distorsiones que alteren la distribución de beneficios entre los factores capital y trabajo.

Visto lo anterior, la necesidad de reforma del mercado de trabajo en la República Dominicana se correspondería con un enfoque de política laboral dirigida a proteger el empleo en beneficio de emplear la mayor cantidad de personas, principalmente a los que no tienen trabajo, que suelen ser los más jóvenes con poca experiencia. Del mismo modo, una política laboral de protección del empleo permitiría que las empresas, principalmente las pymes, puedan contratar y despedir, según sus condiciones económicas, con mayor flexibilidad sin arriesgarse a la quiebra por una demanda legal de tipo laboral.

En conclusión, la discusión sobre reforma laboral en la República Dominicana ha tenido importantes fallas: en primer lugar, se habla de código, no de mercado, manteniendo el diálogo bajo un manto casi exclusivamente legal cuando en realidad es un importante asunto económico; en segundo lugar, se habla de cambiar el derecho a cesantía sin decir primero que los que ya tienen derechos adquiridos quedarían protegidos en el sistema y aplicaría a las nuevas contrataciones; tercero, se debe saber explicar bien que se trataría de sustituir cesantía por seguro de desempleo y que esta reforma buscaría reducir la desocupación, principalmente juvenil. Se debe decidir entre continuar con una política de protección del empleado, que es lo mismo que decir de los que están trabajando, o una política de protección del empleo, que incluiría tanto a los que buscan empleo como a los empleadores.

¿En qué deberían enfocarse las asociaciones empresariales para representar los intereses de sus afiliados?


Por Odalis F. Marte
@ofmarte

Tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, como la República Dominicana, las organizaciones empresariales suelen ser colectivos que agrupan principalmente a pequeñas y medianas empresas (pymes) familiares que operan en distintas actividades productivas. Como suele ser característico en toda economía de mercado, buena parte de la producción de bienes y servicios así como la generación de empleos descansa sobre los hombros de los pequeños negocios por lo que es importante que las políticas públicas en pos de generar empleos mantenga el apoyo al emprendimiento y las asociaciones empresariales representen adecuadamente los intereses de la mayoría de sus pymes asociadas.

Bajo este argumento, se debe esperar que las agrupaciones empresariales busquen influir en las políticas públicas en el orden de que las mismas aborden las problemáticas que adversa el ambiente de negocios relevante para las pymes, tanto en el orden económico, como institucional. No obstante, cabe preguntar si las directivas de las organizaciones empresariales conocen plenamente los principales problemas del grueso de sus empresas afiliadas y cabildean para que se solucionen los mismos.

Aparentemente, las agendas de la dirigencia de las distintas organizaciones empresariales en la República Dominicana suelen ser sumamente amplias tendiendo a dispersarse por abarcar muchos temas que van desde asuntos político-institucionales hasta cuestiones macroeconómicas, temas que si bien son importantes su resolución tomaría tiempo, consenso político y bastos recursos de cabildeo.

No obstante, problemáticas como el acceso al crédito, la estabilidad del servicio de electricidad, la seguridad ciudadana y la competencia desleal en el mercado (tanto desde las importaciones irregulares como de las prácticas monopólicas de algunas empresas grandes), son algunas de las inquietudes que más frecuentemente se reflejan en distintos sondeos de opinión empresarial, así como otros temas relacionados con la calidad de otros servicios públicos. De este modo, cabe preguntar, ¿están las asociaciones empresariales cabildeando activamente para que las políticas públicas aborden esas problemáticas?

Ante esta situación, sería aconsejable considerar, primero, realizar estudios que establezcan las verdaderas preocupaciones de las empresas afiliadas de las asociaciones empresariales; en segundo lugar, fuera bueno ordenar las prioridades empresariales según la urgencia y buscar establecer alianzas público-privadas para formular propuestas concretas para solucionar cada situación y servir adecuadamente a los sectores productivos, especialmente a la mayoría que son, precisamente, las pequeñas y medianas empresas.

martes, 28 de noviembre de 2017

Combatir el cambio climático de manera productiva con inversiones privadas

Por Odalis F. Marte
@ofmarte

 En diciembre 2015, centenares de países pactaron el Acuerdo de París sobre cambio climático. Bajo este tratado, nos comprometimos a mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius respecto a la época preindustrial lo implica elevar flujos financieros, la capacidad de gestión y las tecnologías para la transición hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El Acuerdo de París sobre cambio climático recoge los compromisos asumidos por los distintos países para contribuir a reducir sus emisiones de GEI en porcentajes de entre 20% y 35% para 2030 y así impedir que la temperatura se eleve más de 2 grados centígrados (preferiblemente en no más de 1.5 grados) con respecto a la era preindustrial en los próximos 84 años.

En el caso de la República Dominicana, luego de la ratificación del Acuerdo, el país se comprometió a reducir sus emisiones de GEI en 25% de las emisiones per cápita para el 2030, según lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, condicionado a la disponibilidad de recursos financieros. Dicho compromiso requiere, entre otras cosas, de mucha voluntad política, capacidad técnica y, sobretodo, financiamiento. En efecto, reducir en 25% las emisiones que implicaría un costo anual de transición estimado en el año 2013 en casi 2% del Producto Interno Bruto dominicano (Shultz y Aguilar Garza (2013): Venciendo las barreras a las finanzas del clima – Logros y próximos pasos en la República Dominicana. PNUMA/USAID), razón por la cual el compromiso dominicano está sujeto a la disponibilidad de recursos provenientes de distintas fuentes, principalmente de la cooperación internacional.

No obstante, luego de alcanzado el Acuerdo de París, una de las mayores dificultades del proceso de negociación sobre la implementación de dicho tratado ha sido precisamente el financiamiento en vista de que los países desarrollados presentan condiciones relativamente difíciles para facilitar fondos a los países en desarrollos para reducir sus emisiones, adaptarse al cambio climático y solventar los daños y pérdidas producidos por los fenómenos relacionados con las alteraciones del clima.



En ese sentido, países como la República Dominicana deben buscar movilizar ahorro interno de manera productiva a fin de que el sector privado invierta en proyectos redituables que contribuyan al objetivo de reducir las emisiones de GEI. De acuerdo al Inventario Nacional de emisiones de GEI, las principales fuentes emisión en RD son Energía (incluyendo generación eléctrica y transporte), Agricultura y Uso de Suelos, Residuos y Procesos Industriales. De este modo, las actividades económicas vinculadas a los sectores energético, transporte, reciclaje y manejo de residuos, agricultura, construcción, entre otros, llevamos de manera sostenible deberían ser foco de inversión privada.

La masa de ahorro de los fondos de pensiones y del ahorro privado en general en RD pueden ser canalizado utilizando algunos de los vehículos financieros y de inversión prescritos en las regulaciones financieras y del mercados de valores: Fondos de Inversión, Fideicomisos, entre otros, así como prácticas de Angel Investors, Crowd Funding y otras ideas innovadoras que sirvan para movilizar fondos privados para las inversiones climáticas redituables.    

sábado, 17 de mayo de 2014

"Aquí no se mueve nada cuando yo no estoy"

Administrar es disponer de los recursos humanos y materiales al servicio de la empresa de forma que estos se asignen en diferentes áreas y tareas para alcanzar los objetivos del negocio (maximizar beneficios, la producción, la imagen pública, etc.).  

Muchos administradores, propietarios o gerentes de empresas e instituciones piensan que pueden hacerlo todo acaparar todas las funciones y responsabilidades que exige el desempeño y crecimiento de su negocio: quieren llenar todos los cartones, se rompen en tres, en cuatro y hasta en diez pedazos para hacerlo. Pero, como cada pedazo en que un elemento se rompe resulta ser más pequeño entonces la efectividad de su gestión empresarial es cada vez más baja (puesto que mientras más funciones quiera asumir y en más pedazos se quiera partir, cada vez tendrá menos tiempo y capacidad para resolver los asuntos más importantes del negocio), los procesos en la empresa o institución se vuelven más lentos, el personal empieza a sentir la carga ligera (no se hace mucho pues todo lo hace "el jefe" o "la jefa") y, literalmente, “lo coge suave”.  

Es frecuente escuchar a los jefes de empresas (y de instituciones) quejarse de que “aquí  nada se mueve cuando yo no estoy”  y con esta excusa justifican una especie de dictadura intramuros donde nadie sabe más que ese Superhombre o Supermujer. 

¿Por qué las cosas solamente funcionan cuando está el jefe y todo se relaja cuando se ausenta? Pueden ser muchas las razones, sin embargo, de acuerdo a mi experiencia de trabajo con pequeñas y medianas empresas e instituciones, parece ser que es muy frecuente que esta situación ocurre cuando, primero, no se delegan funciones con cierto nivel de organización y claridad; segundo, cuando, a pesar de que las funciones están definidas formalmente, las mismas son violadas o la(s) persona(s) encargada(s) de cumplirlas o hacerlas cumplir no tiene la debida autoridad. Muchos directores y jefes de empresas y organizaciones pecan de ser demasiado informales como para establecer reglas claras, cumplirlas y hacerlas cumplir: confunden flexibilidad con informalidad. 

Delegar implica transferir a otra persona o puesto en la empresa la operación de una tarea específica o de varias funciones lo cual requiere conocimiento y capacidad por parte de quien asume la responsabilidad de su ejecución. Quien delega se reserva la obligación de supervisar el trabajo que ha delegado en  el subalterno pues la responsabilidad final nunca se delega sino que la administración, gerencia o dirección la conserva. 

Cuando no se delega, el administrador, gerente propietario o director pierde en cosas operativas, pequeñas y no muy significantes el tiempo y espacio mental necesarios para ocuparse de los asuntos de mayor envergadura para consolidar la empresa o institución tanto en su crecimiento como en la retención de clientes externos (compradores/consumidores) e internos (empleados, sobretodo los mejores) y así  servir adecuadamente a su mercado. En el largo plazo, este problema puede terminar liquidando la entidad o, al menos, podría hacer fracasar la gestión del administrador. 

Las pequeñas dictaduras en los negocios e instituciones son cada vez menos funcionales (aunque lamentablemente no podemos decir que en República Dominicana eso sea cosa del pasado, pero probablemente pronto lo será), el administrador o gerente propietario debe ser un portador de cambios para mejorar los procesos en la empresa, no una retranca que no deja pasar ninguna iniciativa que no sea la suya. Debe auxiliarse en sus empleados y catalizar las iniciativas de estos para que el negocio crezca y prospere. Por eso, las oportunidades deben ser de todos los que tienen la capacidad de hacer y no de un pequeño dictador que se cree sabérselas todas. 

Los negocios exitosos de hoy suelen ser manejados por equipos de profesionales dirigidos por un líder abierto, con visión, que sabe explotar el talento de cada empleado sin sentirse amenazado en su condición de líder ni erigirse como un todopoderoso. La división del trabajo sigue siendo un componente importante de la productividad de las empresas.

miércoles, 19 de marzo de 2014

Apertura del Turismo entre Estados Unidos y Cuba: Implicaciones para elCaribe

De permitirse el turismo de estadounidenses hacia Cuba, sin ningún tipo de restricción, el turismo caribeño en general experimentaría un incremento de un 10% en visitas

Por Odalis F. Marte

Ante las recientes medidas de alivio del embargo económico (o “bloqueo”, como lo llaman los cubanos) de Estados Unidos sobre Cuba, cabe cuestionarse qué tan cerca está el final del embargo y qué impacto tendría sobre las economías del Caribe y Centroamérica la rehabilitación de Cuba como socio comercial pleno de Estados Unidos.Se puede conjeturar que Cuba tiene amplio potencial en la exportación (e importación) de varios bienes y servicios, en especial, de turismo siendo esa isla rica en historia, cultura, playa, sol, arena...

En el caso del potencial impacto de la normalización de Cuba como socio comercial de Estados Unidos sobre turismo en el Caribe, existe un estudio del Fondo Monetario Internacional, bajo la autoría de Rafael Romeu (“Vacation Over: Implications for the Caribbean of Opening U.S.-Cuba Tourism”, julio de 2008.http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=21887.0) que ofrece una visión aproximada sobre cómo luciría el panorama turístico caribeño post apertura cubana. Este estudio estima el impacto en el Caribe ante una normalizaron bilateral del comercio turístico entre Estados Unidos y Cuba.

Una apertura de Cuba al turismo estadounidense representaría un cambio significativo en la industria del turismo caribeño. Tomando en cuenta el impacto en la oferta que resultaría como producto de una apertura hipotética de un flujo turístico estadounidense hacia Cuba, han comenzado a surgir preocupaciones en el mercado caribeño, sobre la necesidad de un reforzamiento ante una nueva presión competitiva (Cuba).

Las estimaciones del estudio relevan que el embargo estadounidense contra Cuba imponeun alto costo al turismo de residentes en Estados Unidos. Si el flujo de turistasestadounidenses hacia Cuba ocurriese sin ningún tipo de restricciones, el mercado se vería obligado a encontrar un nuevo equilibrio,  ya que el más grande consumidor de servicios de turismo de la región se reencontraría por primera vez en más de cincuenta años con el mayor potencial productor de este servicio en la región.

Esta hipótesis se plantea a partir de la simulación de una liberalización comercial turística entre Cuba y Estados Unidos. El modelo utilizado para realizar ese ejercicio (modelo de gravedad o gravity model de la industria turística Caribeña), está basado en la optimización del consumo a través de productos internacionales diferenciados. La teoría utilizada contabiliza la cantidad de turismo entre países, tomando como base sus respectivos tamaños y costos comerciales.  

Los resultados del estudio de Romeu sugieren que la apertura de Cuba no necesariamente perjudicaría al turismo hacia otros destinos del Caribe. De hecho, una liberalización turística bilateral entre Cuba y Estados Unidos incrementaría significativamente, la cantidad de visitas por internacionales a los países del Caribe. De esto ocurrir, no existe evidencia alguna en el estudio o cualquier data utilizada, de que los países vecinos deCuba, experimentarían pérdidas significativas en el sector de servicios turísticos.

Mientras Cuba pasaría a explotar sus servicios turísticos al máximo, el exceso de demanda pasaría en gran parte a derramarse hacia destinos turísticos vecinos.  Este exceso de demanda conllevaría economías de escala en el área de servicios de la región, un efecto probablemente positivo para economías vecinas como la Republica Dominicana.

El turismo Europeo se vería reducido como porcentaje de visitas totales a la región caribeña en general, principalmente en Cuba.   El estudio, además, señala que la  liberalización turística bilateral entre Cuba y Estados Unidos no afectaría en ninguna forma negativa a tratados existentes entre países caribeños, como lo son CARICOM, NAFTA o la Iniciativa para la Cuenca  del Caribe (o el DR-CAFTA).

Una preparación óptima por parte de los destinos caribeños, con antelación a cualquier normalización potencial del turismo es considerada en este estudio. La eliminación de esta barrera reduciría significativamente el costo de desplazamiento turístico desde los Estados Unidos hacia Cuba. Cuba y los demás destinos turísticos caribeños deben de prepararse con antelación a un incremento del turismo estadounidense y una posible reducción de visitas por parte de los europeos.    

Los países no caribeños con alta dependencia del turismo estadounidense deberán diversificar su clientela, ya que enfrentarán a un nuevo competidor de mercado con costos significativamente menores. Los competidores caribeños podrían experimentar bajas en visitas turísticas por parte de los Estados Unidos, y deberían enfocarse en diversificar más hacia países de otra cultura.

Por último, los resultados del estudio sugieren indican que de permitirse el turismo de estadounidenses hacia Cuba, sin ningún tipo de restricción, el turismo caribeño en general experimentaría un incremento de un 10% en visitas. Además, los turistas no-estadounidenses diversificarían sus visitas a países con relaciones coloniales o nacionales o que se especialicen en recibirlos. En cuanto a la capacidad de competir con Cuba, las islas caribeñas con más territorio tendrían mayor ventaja, lo cual es un punto a favor de laRepublica Dominicana.      

lunes, 18 de noviembre de 2013

Sobre inmigración haitiana en la República Dominicana: simplespropuestas

Por Odalis F. Marte

A Jean-Louis Pierre lo conocí en el batey Esperanza en el año 1994 cuando realizaba una visita junto a un grupo de estudiantes dominicanos y estadounidenses para conocer las condiciones de vida de los haitianos residentes en esos lugares, por lo general, fuera de nuestras vistas e intereses. Siendo de mi misma edad, Jean-Louis nació en un hospital público en Mao, provincia Valverde, República Dominicana, pero nunca recibió un acta de nacimiento. Este hombre joven, que habla español como cualquier dominicano de esa región del país y de esa condición social ha crecido sabiéndose descendiente de haitianos, pero nunca ha visitado Haití ni conoce a nadie en ese país.

A cualquiera que se digne en sentirse dominicano le debería preocupar la problemática de la inmigración desordenada de nacionales haitianos a la República Dominicana (RD). Pero más aún debe alarmarnos el desdén con que, por décadas, las autoridades dominicanas han manejado esta problemática y el antihaitianismo que predomina en la opinión pública dominicana.

Inicialmente, los dominicanos debemos admitir que, dada las enormes disparidades en el desarrollo económico entre ambas naciones fronterizas, la RD siempre atraerá a haitianos deseosos de mejorar sus condiciones de vida residiendo en un país donde, al menos, pueden de algún modo trabajar y vivir con relativa paz. La alternativa para esos haitianos emigrantes sería permanecer en su país donde el desempleo asciende a cerca de 80% de la población económicamente activa, y donde campean la violencia y la inseguridad. Por lo tanto, para muchos haitianos, emigrar a la parte occidental de la isla es un asunto de supervivencia, tal vez no muy distinto a la razón por la cual miles de dominicanos han cruzado – y cruzan - el Canal de la Mona en frágiles embarcaciones por décadas...

Por otro lado, es importante ser conscientes de que muchos de los haitianos que residen ilegalmente en la RD fueron traídos por los ingenios azucareros (muchos de ellos entonces estatales), varias empresas agrícolas no azucareras y varias compañías constructoras (algunas de ellas contratistas de obras públicas), frecuentemente con el concurso o el consentimiento de alguna autoridad dominicana.

Como es natural, los haitianos indocumentados residentes en la RD se han reproducido por años y la mayoría de sus descendientes han heredado la condición social y migratoria de sus padres gracias a una interpretación ambigua del artículo de la Constitución dominicana que define la forma en que se adquiere la nacionalidad.

En mi visión personal, como ciudadano dominicano con cierta educación y que alguna vez fue extranjero en tierra firme, mal hacen las autoridades dominicanas en negar lo que por derecho corresponde a Jean-Louis: Su nacionalidad dominicana por haber nacido (y crecido) en la República Dominicana. Jean-Louis es tan dominicano como yo, pero, lamentablemente, se le ha condenado a vivir como un indocumentado apátrida sin más opción que la marginalidad, la falta de oportunidades que pondrían a él o a sus descendientes a un paso de convertirse en antisociales, en enemigos públicos que alimenten la criminalidad y la desadaptación social gracias a una fallida política de Estado. Jean-Louis nunca se irá de la RD pues es el único país que conoce, su país.

Eliminar el Ius solis de la constitución dominicana para enfrentar la inmigración haitiana no resolvería problema alguno dado que su carácter no sería retroactivo, pero sí prevendría al país de adquirir nuevos dominicanos de ascendencia extranjera con potencial de hacer grandes aportes, ilustres dominicanos fueron hijos de padres extranjeros, como el caso de Juan Bosch, hijo de puertorriqueña y español.

Lo que corresponde es otorgar la nacionalidad dominicana a todos los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana (a excepción de los diplomáticos, como ordena la Constitución), y ordenar la inmigración haitiana bajo una política de estado comprehensiva y moderna. No es una amenaza al Estado dominicano el reconocimiento de una minoría nacional, pero sí representaría riqueza cultural para el país lo cual puede ser incluso explotado turísticamente…

A continuación mis simples propuestas: que, entre otras medidas de reordenamiento del mercado de trabajo ante el influjo de extranjeros se tomen las siguientes medidas:


1)      Que se le exija a las empresas que contraten extranjeros (haitianos), que los mismos deben poseer pasaporte de su país con una visa de trabajo dominicana renovable que le permitirá trabajar con ese patrono, según contrato de trabajo amparado en la legislación laboral dominicana.

2)      Si la empresa empleadora despidiera al trabajador extranjero, ésta deberá pagarle sus prestaciones, según la legislación laboral, y deberá cubrir los gastos de repatriación de trabajador.

3)      Si otro empleador solicitara los servicios del trabajador extranjero, el mismo podría solicitar una renovación de su visado, bajo las condiciones legales correspondientes, amparado en un contrato laboral.

4)      A partir de la implementación de estas normas sugeridas, todo empleador que contrate extranjeros indocumentados deberán cargar con una multa más los costos de repatriación del indocumentado.

5)      Se debe implementar un plan de regularización de los residentes extranjeros indocumentados y reducir los costos de regularización y residencia legal en la RD, que parecería elevados para la mayoría de los indocumentados.

6)      En el caso de los haitianos, acordar con Haití documentar a sus nativos residentes en RD.