Por Odalis F. Marte
@ofmarte
Tanto en países desarrollados como en vías de
desarrollo, como la República Dominicana, las organizaciones empresariales suelen
ser colectivos que agrupan principalmente a pequeñas y medianas empresas
(pymes) familiares que operan en distintas actividades productivas. Como suele
ser característico en toda economía de mercado, buena parte de la producción de
bienes y servicios así como la generación de empleos descansa sobre los hombros
de los pequeños negocios por lo que es importante que las políticas públicas en
pos de generar empleos mantenga el apoyo al emprendimiento y las asociaciones
empresariales representen adecuadamente los intereses de la mayoría de sus
pymes asociadas.
Bajo este argumento, se debe esperar que las
agrupaciones empresariales busquen influir en las políticas públicas en el
orden de que las mismas aborden las problemáticas que adversa el ambiente de
negocios relevante para las pymes, tanto en el orden económico, como
institucional. No obstante, cabe preguntar si las directivas de las
organizaciones empresariales conocen plenamente los principales problemas del
grueso de sus empresas afiliadas y cabildean para que se solucionen los mismos.
Aparentemente, las agendas de la dirigencia de las
distintas organizaciones empresariales en la República Dominicana suelen ser
sumamente amplias tendiendo a dispersarse por abarcar muchos temas que van
desde asuntos político-institucionales hasta cuestiones macroeconómicas, temas
que si bien son importantes su resolución tomaría tiempo, consenso político y
bastos recursos de cabildeo.
No obstante, problemáticas como el acceso al crédito,
la estabilidad del servicio de electricidad, la seguridad ciudadana y la
competencia desleal en el mercado (tanto desde las importaciones irregulares
como de las prácticas monopólicas de algunas empresas grandes), son algunas de
las inquietudes que más frecuentemente se reflejan en distintos sondeos de
opinión empresarial, así como otros temas relacionados con la calidad de otros
servicios públicos. De este modo, cabe preguntar, ¿están las asociaciones
empresariales cabildeando activamente para que las políticas públicas aborden
esas problemáticas?
Ante esta situación, sería aconsejable considerar,
primero, realizar estudios que establezcan las verdaderas preocupaciones de las
empresas afiliadas de las asociaciones empresariales; en segundo lugar, fuera
bueno ordenar las prioridades empresariales según la urgencia y buscar
establecer alianzas público-privadas para formular propuestas concretas para
solucionar cada situación y servir adecuadamente a los sectores productivos,
especialmente a la mayoría que son, precisamente, las pequeñas y medianas
empresas.
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