Por Odalis F. Marte
@ofmarte
La noción de que la administración pública debería manejarse con criterios de optimizar el valor de cada peso gastado o invertido, exigiendo un retorno como se espera de la gestión de una empresa privada exitosa no es nueva. En efecto, el debate viene de lejos, sin embargo, la administración estadounidense 2017-2021 la cual está encabezada por un hombre de negocios que juró presidir a su país bajo criterios empresariales ha alentado una discusión pública en Estados Unidos y en otros países en torno a si manejar el Gobierno como una empresa sería un propósito razonable.
Por un lado, algunos estiman que el sector público no puede ser manejado con criterios empresariales, entre otras razones, primero, porque el principal objetivo del gobierno es proveer bienes y servicios públicos sin ánimo de lucro, tanto para las poblaciones y áreas geográficas que rinden algún retorno al dinero gastado, como en las que no deja rédito cuantificable alguno, y sorteando diversos intereses sectoriales.
De hecho, recientemente, el presidente estadounidense admitió que era más trabajoso y difícil el empleo de gobernar a su país que dirigir sus negocios privados. Un gerente privado puede tomar decisiones rápidas y hacerlas ejecutar ágilmente, en cambio los procesos de toma de decisiones en el Gobierno pueden largos y tediosos,
En segundo lugar, como las decisiones que se toman desde el gobierno pueden beneficiar a algunos y perjudicar a otros, sus medidas deben considerar elementos concernientes al equilibrio económico, político y social, entre otros. Esto hace mucho más complejo dirigir un gobierno que liderar una empresa puesto que esta última suele regirse con el único objetivo de ganar dinero.
En este punto, se puede advertir la dificultad balancear las finanzas públicas reduciendo gastos bajo un criterio contable, como se puede hacer en una empresa. En una democracia se supone que se gobierna para la mayoría pero la minoría puede buscar ser compensada, a veces con creces, sobre todo si se trata de los más ricos del país…
Por otro lado, quienes abogan por llevar criterios de eficiencia empresarial a la administración pública tienen un punto: el Gobierno recibe por medio de nuestros impuestos el dinero de todos el país, por lo que es su responsabilidad gastarlo de manera responsable exigiendo algún tipo de retorno social y de externalidad positiva a cada peso gastado, de manera que se sirva adecuadamente al bien común y no al beneficio particular de ciertos individuos o grupos de poder.
Los gobiernos deben rendir cuentas a la ciudadanía con la mayor transparencia sobre cómo está gastando el dinero de la nación y los ciudadanos deben tener los mecanismos para exigir esa información.
Los gobiernos difícilmente quiebran, aún cuando se les somete a las peores prácticas administrativas por largo tiempo, a diferencia de las empresas. Probablemente, podrían haber elementos de las buenas prácticas de la administración de empresas aplicables a la gestión pública, aunque es claro que gobernar un país es distinto a manejar un negocio. Tal vez la administración de Gobierno se beneficiaría de emular algunas prácticas de las pequeñas empresas: tener cuidado con el gasto y cobrar cada peso debido para mantener el equilibrio necesario para su supervivencia financiera.
