Modelo o estrategia de desarrollo económico de República Dominicana: del debate a la acción

Iniciamos el año 2019 con una importante discusión: ¿Deberíamos considerar un cambio de estrategia de desarrollo o ¨modelo¨ económico en la República Dominicana? Por un lado, un grupo de respetados economistas dominicanos critican el hecho de que las altas tasas de crecimiento económico que reporta el país no se reflejen en similar proporción en el bienestar del promedio de los dominicanos, en tanto, que otros economistas de alto nivel argumentan que los problemas de iniquidad social no se corrigen necesariamente cambiando la estrategia de desarrollo sino complementándola con políticas y reformas que faciliten el derrame de la expansión económica hacia los pobres.

En ambas posiciones hay mucha razón. Por un lado, el crecimiento de la economía dominicana ha sido sostenido por muchos años y sus efectos han sido transformadores en nuestra sociedad, lo que ha contribuido a reducir la pobreza monetaria, a elevar el empleo y un conjunto de indicadores socioeconómicos. Pero también es cierto que en este proceso de expansión han salido exponencialmente beneficiados los que más tienen. En efecto, si lo analizamos en términos de la propiedad de los factores de producción, notaremos que, a través de los años, ha sido el capital el factor de la producción que ha cosechado los beneficios del crecimiento de manera exorbitante, en tanto que el factor trabajo ha observado un ¨estancamiento secular¨en los salarios reales desde hace más de dos lustros.

Entonces, dicho esto, ¿que deberíamos hacer? Aquí el debate sigue abierto. Por un lado se plantea un aumento general de salarios nominales que, ante bajas presiones inflacionarias en el corto plazo, ayudaría a elevar los salarios reales. Otros entienden que se trata de un problema estructural que debería corregirse con políticas y reformas de largo plazo incluyendo mayor educación y entrenamiento laboral, mejores oportunidades de acceso al crédito y ambiente de negocios para el desarrollo del emprendimiento, principalmente a pequeña escala, como es el caso de las PYME, en tanto que otros analistas evocan las incumplida Estrategia Nacional de Desarrollo.

¿Quiénes tienen la razón? 

Las políticas públicas pueden combinar un conjunto de estrategias con resultados esperados en el corto, mediano y largo plazo para corregir males sociales y mejorar la calidad de vida de la población de manera permanente. Pero se debe tener claro cuáles son los problemas más importantes a corregir y utilizar una dosis adecuada de ciencia e intuición para mayor probabilidad de certeza en resolver problemas sin crear nuevas situaciones.

Si el problema principal es que en República Dominicana tenemos una sociedad compuesta por quienes lo tienen todo y quienes no tienen nada, lo que sería sistemáticamente reforzado por una economía pujante cuyos beneficios son colectados casi exclusivamente por el capital, entonces valdría la pena estudiar y considerar un conjunto de políticas y reformas económicas e institucionales tendentes a mejorar los salarios reales y facilitar el desarrollo de capacidades laborales y empresariales en la población. Considerando eso, se debe tomar en cuenta la política fiscal, la competitividad en el mercado interno (organización industrial), la política comercial, la política monetaria, entre otras, y nuestras instituciones políticas para analizar qué reformas son viables para mejorar la equidad social en medio de un crecimiento económico sostenido.

Obviamente, ese proceso no sería fácil y requeriría de decisión, visión, liderazgo y acuerdo social en una democracia representativa como la dominicana. 

Entendiendo las Políticas Públicas

Por Odalis F. Marte

@ofmarte

Es frecuente escuchar referencias acerca de la necesidad de algunas "políticas públicas" para resolver problemas que lesionan el bienestar social, pero ¿qué es realmente una política pública? En ese sentido, se debe entender como política pública cualquier plan comprehensivo de acciones y actividades del Gobierno orientado al logro de un objetivo de bien común, es decir, de interés público. En efecto, las políticas públicas son el conjunto de programas, estrategias, procedimientos, leyes, reglamentos, etc., implementados por entidades gubernamentales. Dados los limitados recursos de los que dispone el Gobierno, las decisiones de política pública pueden estar sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, por lo que, previo a su implementación, se puede requerir de un diseño preparado por expertos.

Las metas de las políticas públicas suelen ser de largo plazo y, frecuentemente, su consecución requiere la inversión de recursos que se financian con los impuestos que pagan los contribuyentes, las donaciones del sector privado, la cooperación internacional o una combinación de esas fuentes de financiación.

Por lo general, las políticas públicas se pueden agrupar en dos tipos: a) las que alcanzan sus metas de mejorar las condiciones de vida de la población objetivo mediante la provisión de servicios públicos (y, por lo tanto, requieren de sustanciales recursos financieros y humanos), y b) las que logran sus fines a través de mejorar sistemáticamente la regulación institucional y de mercados (en caso de falta de competencia o imperfecciones) y el sistema tributario. Estas últimas políticas suelen requerir de menos recursos.

Las políticas públicas no son aisladas, sino que pueden interactuar entre sí, de tal suerte que una política pública puede afectar positiva o negativamente a otra. Frecuentemente, la ejecución una política pública específica debe ser acompañada por otra(s) para poder ser exitosa. Por ejemplo, impulsar las exportaciones nacionales involucraría no solamente la política comercial sino también otras políticas económicas, tales como la fiscal, la monetaria, entre otras…

Las políticas públicas deben ser consistentes, por lo que si se implementa un plan para resolver alguna vicisitud, éste no debe contradecir o ir en sentido contrario a otro objetivo público ni generar un nuevo problema. Por ejemplo, si se buscara un objetivo de salud pública mejorando la calidad del aire en una ciudad, plantar más árboles contribuiría con esa meta; pero si este tipo de política no es acompañada por un plan para impulsar el uso de transporte público, facilitar el uso de bicicletas y establecer un sistema de revisión técnica vehicular que limite la circulación de vehículos antiguos altamente contaminantes, entonces los beneficios de esta política podrían quedar cortos.

Por último, es importante la participación de la población objetivo en alguna etapa del diseño y una implementación de la política pública. El carácter participativo de un plan o estrategia gubernamental podría minimizar las fricciones y empoderar a sus beneficiarios. No obstante, si esa política perjudicara a algunos, se puede considerar la creación de un mecanismo de compensación racional y transparente.

Las acciones del Gobierno deben estar siempre orientadas al bienestar de la población. Bajo este criterio, las políticas públicas son el conjunto de acciones que permiten que el Gobierno resuelva problemas sociales en pos del bien común, utilizando racionalmente los recursos públicos con un carácter inclusivo en los que se combinen los conocimientos técnicos con la participación ciudadana.

Referencias

- Aguilar Astorga, C.R., y Lima Facio, M.A.: ¿Qué son y para qué sirven las Políticas Públicas?, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, septiembre 2009, www.eumed.net/rev/cccss/05/aalf.htm. 

- Franco Corzo, J., Diseño de Políticas Públicas. IEXE Centro de Investigación y Posgrados. México, 2017.https://www.iexe.edu.mx/blog/que-son-las-politicas-publicas.html. 

¿Debería administrarse el Gobierno como se gestiona una empresa privada?

Por Odalis F. Marte 

@ofmarte

La noción de que la administración pública debería manejarse con criterios de optimizar el valor de cada peso gastado o invertido, exigiendo un retorno como se espera de la gestión de una empresa privada exitosa no es nueva. En efecto, el debate viene de lejos, sin embargo, la administración estadounidense 2017-2021 la cual está encabezada por un hombre de negocios que juró presidir a su país bajo criterios empresariales ha alentado una discusión pública en Estados Unidos y en otros países en torno a si manejar el Gobierno como una empresa sería un propósito razonable.

Por un lado, algunos estiman que el sector público no puede ser manejado con criterios empresariales, entre otras razones, primero, porque el principal objetivo del gobierno es proveer bienes y servicios públicos sin ánimo de lucro, tanto para las poblaciones y áreas geográficas que rinden algún retorno al dinero gastado, como en las que no deja rédito cuantificable alguno, y sorteando diversos intereses sectoriales.

De hecho, recientemente, el presidente estadounidense admitió que era más trabajoso y difícil el empleo de gobernar a su país que dirigir sus negocios privados. Un gerente privado puede tomar decisiones rápidas y hacerlas ejecutar ágilmente, en cambio los procesos de toma de decisiones en el Gobierno pueden largos y tediosos,

En segundo lugar, como las decisiones que se toman desde el gobierno pueden beneficiar a algunos y perjudicar a otros, sus medidas deben considerar elementos concernientes al equilibrio económico, político y social, entre otros. Esto hace mucho más complejo dirigir un gobierno que liderar una empresa puesto que esta última suele regirse con el único objetivo de ganar dinero. 

En este punto, se puede advertir la dificultad balancear las finanzas públicas reduciendo gastos bajo un criterio contable, como se puede hacer en una empresa. En una democracia se supone que se gobierna para la mayoría pero la minoría puede buscar ser compensada, a veces con creces, sobre todo si se trata de los más ricos del país…

Por otro lado, quienes abogan por llevar criterios de eficiencia empresarial a la administración pública tienen un punto: el Gobierno recibe por medio de nuestros impuestos el dinero de todos el país, por lo que es su responsabilidad  gastarlo de manera responsable exigiendo algún tipo de retorno social y de externalidad positiva a cada peso gastado, de manera que se sirva adecuadamente al bien común y no al beneficio particular de ciertos individuos o grupos de poder. 

Los gobiernos deben rendir cuentas a la ciudadanía con la mayor transparencia sobre cómo está gastando el dinero de la nación y los ciudadanos deben tener los mecanismos para exigir esa información.

Los gobiernos difícilmente quiebran, aún cuando se les somete a las peores prácticas administrativas por largo tiempo, a diferencia de las empresas. Probablemente, podrían haber elementos de las buenas prácticas de la administración de empresas aplicables a la gestión pública, aunque es claro que gobernar un país es distinto a manejar un negocio. Tal vez la administración de Gobierno se beneficiaría de emular algunas prácticas de las pequeñas empresas: tener cuidado con el gasto y cobrar cada peso debido para mantener el equilibrio necesario para su supervivencia financiera. 

La Estabilidad social es un elemento básico para el desarrollo

Por Odalis F. Marte

La estabilidad social puede ser entendida como el firme equilibrio entre los diferentes sectores que actúan autónomamente en la vida social, de forma tal que las acciones de un grupo específico en detrimento de otros intereses particulares no puedan producir conflictos en los que potencialmente se lesionen con relativa facilidad los derechos individuales y/o de propiedad. La misma implica una constante armonía en los ámbitos de los quehaceres político, empresarial, sindical, cultural, deportivo, religioso, comunitario, etc.

La base de la estabilidad social está sustentada en las instituciones (la familia, la propiedad, el Estado, etc.), las cuales son entidades de entero crédito que reglamentan y regulan las relaciones humanas en las diferentes áreas de actividad. Estas se establecen por derecho y son legitimadas por la efectividad de su ejercicio.

Uno de los problemas que afectan considerablemente el desarrollo económico, social y hasta mental de una nación es su base político-institucional. Si existen reglas de juego claras, leyes establecidas para prevenir y sancionar violaciones a los derechos individuales así como la autoridad legítima y legalmente establecida para hacer cumplir la Ley e informar sobre la misma entonces habrá un ambiente adecuado para el desarrollo del ingenio empresarial.

El economista y politólogo austríaco-estadounidense Joseph A.Schumpeter (1883-1950) en sus estudios sobre el desarrollo de la economía de mercado habría de concluir que un elemento importante del que depende el desarrollo económico sería la tasa de talento empresarial dispersa en una nación, pero la abundancia o escasez de talento empresarial dependía del ambiente socio-cultural, es decir, de aquellas instituciones que permiten que el ser humano concentre sus esfuerzos en crear nuevas cosas (como nuevos negocios o empresas), innovar (mejorando lo existente), inventar (utilizando la imaginación para producir algo nuevo que resuelva un problema); esas son las instituciones políticas.

                        

El empresario o empresaria que define Schumpeter es un innovador que no necesariamente es motivado por los beneficios que consigue en sus negocios sino por la satisfacción de crear algo (un nuevo producto, una nueva empresa, un cambio tecnológico). El desarrollo se produce cuando los empresarios y empresarias introducen innovaciones que hacen que la productividad salte a un nivel mayor al anteriormente establecido antes de producirse el cambio. El empresario no es necesariamente un capitalista o inversionista: puede ser un inventor, un ejecutivo, artista, etc. Los cambios tecnológicos son aplicaciones de conocimientos científicos y artísticos al mejoramiento de la productividad, pensemos en el arte y la ciencia que se utiliza para producir computadoras, tablets, teléfonos celulares y otros dispositivos móviles, y los programas para que sus aplicaciones mejoren la producción.

Las inversiones de largo plazo – que son las que suelen generar empleos y ocupar el talento empresarial requieren de visión, saber hacia dónde vamos, de que los hombres y las mujeres de negocios puedan estimar con poco margen de error cuál sería su demanda efectiva. Esto es posible cuando existe estabilidad social, lo cual no necesariamente implica falta de evolución o cambio según avanzan los conocimientos humanos. Por lo tanto, emplazamos a los políticos, la sociedad civil y a nosotros mismos a trabajar en pos de crear el ambiente sociocultural adecuado al desarrollo de más empresarios y empresarias que pueblen de negocios e innovaciones nuestra sociedad. Esto lo conseguiremos fortaleciendo nuestra base político-institucional.