Entendiendo las Políticas Públicas

Por Odalis F. Marte

@ofmarte

Es frecuente escuchar referencias acerca de la necesidad de algunas "políticas públicas" para resolver problemas que lesionan el bienestar social, pero ¿qué es realmente una política pública? En ese sentido, se debe entender como política pública cualquier plan comprehensivo de acciones y actividades del Gobierno orientado al logro de un objetivo de bien común, es decir, de interés público. En efecto, las políticas públicas son el conjunto de programas, estrategias, procedimientos, leyes, reglamentos, etc., implementados por entidades gubernamentales. Dados los limitados recursos de los que dispone el Gobierno, las decisiones de política pública pueden estar sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, por lo que, previo a su implementación, se puede requerir de un diseño preparado por expertos.

Las metas de las políticas públicas suelen ser de largo plazo y, frecuentemente, su consecución requiere la inversión de recursos que se financian con los impuestos que pagan los contribuyentes, las donaciones del sector privado, la cooperación internacional o una combinación de esas fuentes de financiación.

Por lo general, las políticas públicas se pueden agrupar en dos tipos: a) las que alcanzan sus metas de mejorar las condiciones de vida de la población objetivo mediante la provisión de servicios públicos (y, por lo tanto, requieren de sustanciales recursos financieros y humanos), y b) las que logran sus fines a través de mejorar sistemáticamente la regulación institucional y de mercados (en caso de falta de competencia o imperfecciones) y el sistema tributario. Estas últimas políticas suelen requerir de menos recursos.

Las políticas públicas no son aisladas, sino que pueden interactuar entre sí, de tal suerte que una política pública puede afectar positiva o negativamente a otra. Frecuentemente, la ejecución una política pública específica debe ser acompañada por otra(s) para poder ser exitosa. Por ejemplo, impulsar las exportaciones nacionales involucraría no solamente la política comercial sino también otras políticas económicas, tales como la fiscal, la monetaria, entre otras…

Las políticas públicas deben ser consistentes, por lo que si se implementa un plan para resolver alguna vicisitud, éste no debe contradecir o ir en sentido contrario a otro objetivo público ni generar un nuevo problema. Por ejemplo, si se buscara un objetivo de salud pública mejorando la calidad del aire en una ciudad, plantar más árboles contribuiría con esa meta; pero si este tipo de política no es acompañada por un plan para impulsar el uso de transporte público, facilitar el uso de bicicletas y establecer un sistema de revisión técnica vehicular que limite la circulación de vehículos antiguos altamente contaminantes, entonces los beneficios de esta política podrían quedar cortos.

Por último, es importante la participación de la población objetivo en alguna etapa del diseño y una implementación de la política pública. El carácter participativo de un plan o estrategia gubernamental podría minimizar las fricciones y empoderar a sus beneficiarios. No obstante, si esa política perjudicara a algunos, se puede considerar la creación de un mecanismo de compensación racional y transparente.

Las acciones del Gobierno deben estar siempre orientadas al bienestar de la población. Bajo este criterio, las políticas públicas son el conjunto de acciones que permiten que el Gobierno resuelva problemas sociales en pos del bien común, utilizando racionalmente los recursos públicos con un carácter inclusivo en los que se combinen los conocimientos técnicos con la participación ciudadana.

Referencias

- Aguilar Astorga, C.R., y Lima Facio, M.A.: ¿Qué son y para qué sirven las Políticas Públicas?, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, septiembre 2009, www.eumed.net/rev/cccss/05/aalf.htm. 

- Franco Corzo, J., Diseño de Políticas Públicas. IEXE Centro de Investigación y Posgrados. México, 2017.https://www.iexe.edu.mx/blog/que-son-las-politicas-publicas.html. 

Bancos contribuyen a reducción de emisiones de carbono en República Dominicana

Varios bancos en la República Dominicana están contribuyendo a los esfuerzos nacionales de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mientras amplían sus carteras de préstamos. Contribuyen mediante dos vías: financiando proyectos de eficiencia energética y de generación de energías limpias, y mediante la adopción de acciones de negocio amigables al medio ambiente.

La cartera de préstamos “verdes” crece moderadamente, pero tiene un gran potencial. Muchas empresas de distintos tamaños y actividades económicas están accediendo a préstamos bancarios para financiar la adquisición de equipos de generación de energías limpias in situ o de algún otro tipo de bien de capital de ahorro energético, entre otros.

Dentro de las acciones implementadas, se pueden destacar las instalaciones de paneles fotovoltaicos para la generación y uso de energía solar en varias sucursales, la reducción del uso de papel incluyendo el envío por correo electrónico de los estados bancarios de sus clientes, el creciente uso de la banca en línea para distintas transacciones bancarias incluyendo pagos de tarjetas de crédito y préstamos, así como pago de servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones, entre otros. Con ello, reducen sus costos al tiempo que aumentan sus prácticas de responsabilidad social corporativa.

Los clientes personales y corporativos de la banca tienden a utilizar menos dinero en efectivo, lo cual contribuye a reducir la necesidad de traslado a las oficinas bancarias y, potencialmente, el uso de medios de transporte que podrían ser contaminantes. No obstante, si bien se está avanzando, hay un gran camino por recorrer en tanto los agentes económicos reduzcan su alta preferencia por la liquidez de manera más aceleradas.

La reciente decisión de importantes bancos de unificar sus cajeros automáticos (ATM) bajo una sola red sería un paso trascendental si bajo esa acción se combina una ampliación de su cobertura conjuntamente con una reducción de unidades de ATM[1]. Si se toma en consideración que estos aparatos, dependiendo de su tipo, marca y año de fabricación, pueden consumir diariamente 5.52kWh sin incluir que muchos son instalados en sitios climatizados para una temperatura adecuada para el equipo. Además, los ATM suelen ser utilizados, por menos de una cuarta parte de las 24 horas/7 días en que se mantienen encendidos[2].

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[1] BHD León y Banreservas lanzan UNARED https://www.banreservas.com/articulos/bhd-leon-y-banreservas-lanzan-unared

[2] ATMs, Vending Machines Waste Loads of Energy https://www.energymanagertoday.com/atms-vending-machines-waste-loads-of-energy-097280/

Discusión sobre reforma laboral en la República Dominicana: ¿proteger el empleo o al empleado?

Por Odalis F. Marte

@ofmarte

El debate sobre la necesidad de una reforma del mercado laboral en la República Dominicana se ha concentrado en un enfoque legalista y hasta de lucha de clases, obviando contextualizar la discusión en torno a los cambios registrados en la economía mundial luego de la crisis financiera internacional de 2008, y los efectos de esa situación sobre economías pequeñas y abiertas como la nuestra.

La realidad es más compleja de lo que se ha discutido. si el derecho a pago de prestaciones por cesantía debería ser sustituido por un seguro de desempleo... Ciertamente, hay consideraciones de tipo legal que involucran derechos de los trabajadores y de las empresas, y que afectan principalmente a las pymes, cuya capacidad financiera les impediría aguantar una demanda laboral poniéndolos en peligro de quiebra y arriesgando los puestos de trabajo que tienen.

Desde la perspectiva de una política de marcado de trabajo, se puede tener dos enfoques: de protección al trabajador y de protección del trabajo. En países de economías desarrolladas y de pleno empleo se implementaron políticas de protección al trabajador por décadas, puesto que sus economías solían generar suficientes empleos para la población en edad de trabajar y sus empresas creaban suficientes ganancias como para repartir mejor sus beneficios. Esto hizo posible un conjunto de "conquistas" en favor de los trabajadores. Como los jóvenes se incorporaban al mercado laboral con relativa facilidad, estos podían cotizar a fondos de pensiones de reparto para pagar el retiro de sus mayores y, si algo faltaba, lo pagaban sus gobiernos hasta tanto pudieron soportar las finanzas públicas.

República Dominicana. Tasa de desocupación promedio por rango de edad

2014-2016

	Total	15 - 19	20 - 39	40 - 59	60 y más
2014	6.4%	14.5%	8.7%	3.3%	1.2%
2015	5.9%	18.7%	7.6%	2.4%	3.7%
2016	5.5%	13.2%	7.5%	2.9%	1.1%

      Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

Luego de la crisis financiera internacional que explotó en la segunda mitad de 2008, convertida en una crisis económica que redujo la capacidad de la economía mundial de crecer como en la década previa, la situación ha cambiado. Las economías no generan los empleos de antes, por lo que menos personas encuentran trabajo como sucedía en la década anterior, obligando a muchos países a cambiar su enfoque de mercado laboral hacia la protección del trabajo en vez de la protección del trabajador.

Proteger el trabajo no implica necesariamente desproteger al trabajador

Políticas de protección del empleo implican facilitar un marco de flexibilidad en el mercado de manera que las empresas puedan maximizar el uso del factor trabajo, es decir, poder emplear la mayor cantidad de personas y así reducir ej desempleo. Bajo este enfoque se entiende que es mejor tener la mayor cantidad posible de gente trabajando con menos protección a tener pocos empleados altamente protegidos. No obstante, mayor nivel de empleo en la economía implicaría, en el largo plazo, mayores salarios lo cual daría mayor bienestar a los trabajadores de manera espontánea salvo distorsiones que alteren la distribución de beneficios entre los factores capital y trabajo.

Visto lo anterior, la necesidad de reforma del mercado de trabajo en la República Dominicana se correspondería con un enfoque de política laboral dirigida a proteger el empleo en beneficio de emplear la mayor cantidad de personas, principalmente a los que no tienen trabajo, que suelen ser los más jóvenes con poca experiencia. Del mismo modo, una política laboral de protección del empleo permitiría que las empresas, principalmente las pymes, puedan contratar y despedir, según sus condiciones económicas, con mayor flexibilidad sin arriesgarse a la quiebra por una demanda legal de tipo laboral.

En conclusión, la discusión sobre reforma laboral en la República Dominicana ha tenido importantes fallas: en primer lugar, se habla de código, no de mercado, manteniendo el diálogo bajo un manto casi exclusivamente legal cuando en realidad es un importante asunto económico; en segundo lugar, se habla de cambiar el derecho a cesantía sin decir primero que los que ya tienen derechos adquiridos quedarían protegidos en el sistema y aplicaría a las nuevas contrataciones; tercero, se debe saber explicar bien que se trataría de sustituir cesantía por seguro de desempleo y que esta reforma buscaría reducir la desocupación, principalmente juvenil. Se debe decidir entre continuar con una política de protección del empleado, que es lo mismo que decir de los que están trabajando, o una política de protección del empleo, que incluiría tanto a los que buscan empleo como a los empleadores.

¿En qué deberían enfocarse las asociaciones empresariales para representar los intereses de sus afiliados?

Por Odalis F. Marte

@ofmarte

Tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, como la República Dominicana, las organizaciones empresariales suelen ser colectivos que agrupan principalmente a pequeñas y medianas empresas (pymes) familiares que operan en distintas actividades productivas. Como suele ser característico en toda economía de mercado, buena parte de la producción de bienes y servicios así como la generación de empleos descansa sobre los hombros de los pequeños negocios por lo que es importante que las políticas públicas en pos de generar empleos mantenga el apoyo al emprendimiento y las asociaciones empresariales representen adecuadamente los intereses de la mayoría de sus pymes asociadas.

Bajo este argumento, se debe esperar que las agrupaciones empresariales busquen influir en las políticas públicas en el orden de que las mismas aborden las problemáticas que adversa el ambiente de negocios relevante para las pymes, tanto en el orden económico, como institucional. No obstante, cabe preguntar si las directivas de las organizaciones empresariales conocen plenamente los principales problemas del grueso de sus empresas afiliadas y cabildean para que se solucionen los mismos.

Aparentemente, las agendas de la dirigencia de las distintas organizaciones empresariales en la República Dominicana suelen ser sumamente amplias tendiendo a dispersarse por abarcar muchos temas que van desde asuntos político-institucionales hasta cuestiones macroeconómicas, temas que si bien son importantes su resolución tomaría tiempo, consenso político y bastos recursos de cabildeo.

No obstante, problemáticas como el acceso al crédito, la estabilidad del servicio de electricidad, la seguridad ciudadana y la competencia desleal en el mercado (tanto desde las importaciones irregulares como de las prácticas monopólicas de algunas empresas grandes), son algunas de las inquietudes que más frecuentemente se reflejan en distintos sondeos de opinión empresarial, así como otros temas relacionados con la calidad de otros servicios públicos. De este modo, cabe preguntar, ¿están las asociaciones empresariales cabildeando activamente para que las políticas públicas aborden esas problemáticas?

Ante esta situación, sería aconsejable considerar, primero, realizar estudios que establezcan las verdaderas preocupaciones de las empresas afiliadas de las asociaciones empresariales; en segundo lugar, fuera bueno ordenar las prioridades empresariales según la urgencia y buscar establecer alianzas público-privadas para formular propuestas concretas para solucionar cada situación y servir adecuadamente a los sectores productivos, especialmente a la mayoría que son, precisamente, las pequeñas y medianas empresas.