Por Odalis F. Marte
@ofmarte
Los economistas dominicanos debemos enfocar nuestras energías en concebir propuestas razonables para ayudar a resolver los importantes retos que enfrenta la economía nacional, tanto en sentido macro como microeconómico, incluyendo la sostenibilidad fiscal, estabilidad de precios, el equilibrio de las cuentas externas, la crisis energética, la competitividad, el ambiente de negocios, la adaptación productiva al cambio climático, políticas públicas a favor de equidad social y de cuidado a la población más vulnerables, la juventud, la seguridad ciudadana… Son muchos los temas interesantes en los que el análisis económico tiene algo que aportar, pero no: los economistas dominicanos tenemos ahora que ocupar una parte de nuestro tiempo en defender nuestra profesión de un intento de secuestro llamado proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de Economistas (CODECO).
Es interesante notar que la honorable Cámara de Diputados aprobó esa propuesta sigilosamente en la misma sesión en la que aprobó la llamada Ley de Quiebras en la que se satisfizo el reclamo del sector privado de contar con un instrumento legal que permitiera in extremis que una empresa con problemas financieros pueda resolverlos de manera ordenada acordando con sus acreedores un esquema de reordenamiento de sus deudas según establece dicha Ley. Mientras la comunidad empresarial acogía con beneplácito ese avance, los economistas fuimos sorprendidos con la aprobación de forma subrepticia ("palo acechao") de la ley que crea el CODECO, despropósito inncesario porque, más que resolver algo genera un tamaño problema al ejercicio de una profesión floreciente.
La propuesta de ley CODECO, en su Capítulo VI, artículos 23 al 26, conferiría a ese gremio la facultad de regular la profesión de economista pudiendo imponer la afiliación obligatoria y el pago de cuotas y tasas a esa agrupación. En la propuesta original de los promotores de ese proyecto de ley, un grupo de desconocidos en la comunidad de economistas profesionales, ya habían planteado sus intenciones sindicalizar bajo fuerza de ley a los economistas y extraer rentas de los mismos. Ese espíritu se mantiene en la versión modificada de la propuesta y, peor aún, da lugar a que personas de dudosas credenciales elaboren un reglamento que le daría poderes de mafia.
La propuesta alternativa, que comparto con otros economistas profesionales, es que sean las escuelas de economía de economía las que, de alguna manera, velen por la cualificación de los profesionales de las ciencias económicas. Por ejemplo, pudieran consensuar un estándar de calidad en la formación de los economistas, lo que sería más productivo que tener un sindicato dirigido por desconocidos dentro de la comunidad académica y profesional.
En conclusión, la ley CODECO sujetaría el ejercicio profesional a la regulación de una agrupación gremial acorde con una visión ideológica de izquierda y desprovista de credenciales profionales y académicas para tal fin; desean crear una suerte de sindicato de afiliación obligatoria al que habría que mantener con cuotas pagadas que serían administradas por potencialmente por personeros de desconocida reputación. A nuestro entender, de materializarse esa propuesta, sería muy perjudicial para el desarrollo de nuestra profesión principalmente para los más jóvenes.
