El precio del agua debería reflejar su verdadero valor de mercado en la República Dominicana

Por Odalis F. Marte

@ofmarte

Lo primero que se enseña en economía es de la relativa escasez de los bienes y servicios producidos en relación a la gran cantidad de necesidades humanas que estos deben satisfacer. Por esa razón existen los mercados en donde la cantidad de productos ofertados en venta y la cantidad demandada para la compra se equilibran mediante los precios que finalmente los compradores y vendedores acuerdan de manera voluntaria. De este modo, los precios sirven como mecanismo para asignar los recursos en función de su disponibilidad (abundancia o escasez) para servir a las necesidades de la gente. En este sentido, bajo condiciones de relativa libertad de mercado, precios bajos indican abundancia del bien mientras que precios altos denotan escasez.

Dicho esto, el agua es un bien cuyo precio no refleja su relativa escasez en la República Dominicana, más bien, dado su muy bajo precio parecería ser un recurso elevadamente abundante.Pero, lastimosamente, esa no es la realidad. Cabe destacar que me refiero al agua dulce, la que puede ser utilizada para la agricultura y el consumo humano en general.

El agua debería reflejar su verdadero valor de mercado. Su precio no refleja su relativa escasez. No obstante, los hogares y las empresas suelen recibir agua a un precio subsidiado lo cual, combinado con asignaciones presupuestarias que limitan las inversiones necesarias en el sector, entre otras filtraciones habituales de recursos, previenen no sólo una cobertura adecuada del servicio de agua sino que, por el lado de la demanda, existen pocos incentivos para el uso racional del preciado líquido. Es más, una proporción importante de la producción de agua en la República Dominicana se pierde en el proceso de distribución al tiempo que otra proporción se desperdicia en las empresas y hogares usuarios de ese servicio.

El reto de política pública en este caso consiste en lograr un equilibrio entre la capacidad de las entidades productoras de agua para proveer el servicio en cantidad y calidad adecuadas, y los incentivos para el uso racional por parte de los consumidores finales. Este equilibrio implicaría una combinación de mayor asignación de recursos presupuestarios y tecnologías a las entidades productoras de agua, así como valoración adecuada de producto final a precios de mercado. Bajo esta visión de eficiencia de mercado, el Gobierno puede considerar focalizar algún tipo de subvención para los hogares más pobres.