miércoles, 25 de abril de 2018

Discusión sobre reforma laboral en la República Dominicana: ¿proteger el empleo o al empleado?


Por Odalis F. Marte
@ofmarte

El debate sobre la necesidad de una reforma del mercado laboral en la República Dominicana se ha concentrado en un enfoque legalista y hasta de lucha de clases, obviando contextualizar la discusión en torno a los cambios registrados en la economía mundial luego de la crisis financiera internacional de 2008, y los efectos de esa situación sobre economías pequeñas y abiertas como la nuestra.

La realidad es más compleja de lo que se ha discutido. si el derecho a pago de prestaciones por cesantía debería ser sustituido por un seguro de desempleo... Ciertamente, hay consideraciones de tipo legal que involucran derechos de los trabajadores y de las empresas, y que afectan principalmente a las pymes, cuya capacidad financiera les impediría aguantar una demanda laboral poniéndolos en peligro de quiebra y arriesgando los puestos de trabajo que tienen.

Desde la perspectiva de una política de marcado de trabajo, se puede tener dos enfoques: de protección al trabajador y de protección del trabajo. En países de economías desarrolladas y de pleno empleo se implementaron políticas de protección al trabajador por décadas, puesto que sus economías solían generar suficientes empleos para la población en edad de trabajar y sus empresas creaban suficientes ganancias como para repartir mejor sus beneficios. Esto hizo posible un conjunto de "conquistas" en favor de los trabajadores. Como los jóvenes se incorporaban al mercado laboral con relativa facilidad, estos podían cotizar a fondos de pensiones de reparto para pagar el retiro de sus mayores y, si algo faltaba, lo pagaban sus gobiernos hasta tanto pudieron soportar las finanzas públicas.

República Dominicana. Tasa de desocupación promedio por rango de edad
2014-2016

Total
15 - 19
20 - 39
40 - 59
60 y más
2014
6.4%
14.5%
8.7%
3.3%
1.2%
2015
5.9%
18.7%
7.6%
2.4%
3.7%
2016
5.5%
13.2%
7.5%
2.9%
1.1%
      Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

Luego de la crisis financiera internacional que explotó en la segunda mitad de 2008, convertida en una crisis económica que redujo la capacidad de la economía mundial de crecer como en la década previa, la situación ha cambiado. Las economías no generan los empleos de antes, por lo que menos personas encuentran trabajo como sucedía en la década anterior, obligando a muchos países a cambiar su enfoque de mercado laboral hacia la protección del trabajo en vez de la protección del trabajador.

Proteger el trabajo no implica necesariamente desproteger al trabajador

Políticas de protección del empleo implican facilitar un marco de flexibilidad en el mercado de manera que las empresas puedan maximizar el uso del factor trabajo, es decir, poder emplear la mayor cantidad de personas y así reducir ej desempleo. Bajo este enfoque se entiende que es mejor tener la mayor cantidad posible de gente trabajando con menos protección a tener pocos empleados altamente protegidos. No obstante, mayor nivel de empleo en la economía implicaría, en el largo plazo, mayores salarios lo cual daría mayor bienestar a los trabajadores de manera espontánea salvo distorsiones que alteren la distribución de beneficios entre los factores capital y trabajo.

Visto lo anterior, la necesidad de reforma del mercado de trabajo en la República Dominicana se correspondería con un enfoque de política laboral dirigida a proteger el empleo en beneficio de emplear la mayor cantidad de personas, principalmente a los que no tienen trabajo, que suelen ser los más jóvenes con poca experiencia. Del mismo modo, una política laboral de protección del empleo permitiría que las empresas, principalmente las pymes, puedan contratar y despedir, según sus condiciones económicas, con mayor flexibilidad sin arriesgarse a la quiebra por una demanda legal de tipo laboral.

En conclusión, la discusión sobre reforma laboral en la República Dominicana ha tenido importantes fallas: en primer lugar, se habla de código, no de mercado, manteniendo el diálogo bajo un manto casi exclusivamente legal cuando en realidad es un importante asunto económico; en segundo lugar, se habla de cambiar el derecho a cesantía sin decir primero que los que ya tienen derechos adquiridos quedarían protegidos en el sistema y aplicaría a las nuevas contrataciones; tercero, se debe saber explicar bien que se trataría de sustituir cesantía por seguro de desempleo y que esta reforma buscaría reducir la desocupación, principalmente juvenil. Se debe decidir entre continuar con una política de protección del empleado, que es lo mismo que decir de los que están trabajando, o una política de protección del empleo, que incluiría tanto a los que buscan empleo como a los empleadores.

¿En qué deberían enfocarse las asociaciones empresariales para representar los intereses de sus afiliados?


Por Odalis F. Marte
@ofmarte

Tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, como la República Dominicana, las organizaciones empresariales suelen ser colectivos que agrupan principalmente a pequeñas y medianas empresas (pymes) familiares que operan en distintas actividades productivas. Como suele ser característico en toda economía de mercado, buena parte de la producción de bienes y servicios así como la generación de empleos descansa sobre los hombros de los pequeños negocios por lo que es importante que las políticas públicas en pos de generar empleos mantenga el apoyo al emprendimiento y las asociaciones empresariales representen adecuadamente los intereses de la mayoría de sus pymes asociadas.

Bajo este argumento, se debe esperar que las agrupaciones empresariales busquen influir en las políticas públicas en el orden de que las mismas aborden las problemáticas que adversa el ambiente de negocios relevante para las pymes, tanto en el orden económico, como institucional. No obstante, cabe preguntar si las directivas de las organizaciones empresariales conocen plenamente los principales problemas del grueso de sus empresas afiliadas y cabildean para que se solucionen los mismos.

Aparentemente, las agendas de la dirigencia de las distintas organizaciones empresariales en la República Dominicana suelen ser sumamente amplias tendiendo a dispersarse por abarcar muchos temas que van desde asuntos político-institucionales hasta cuestiones macroeconómicas, temas que si bien son importantes su resolución tomaría tiempo, consenso político y bastos recursos de cabildeo.

No obstante, problemáticas como el acceso al crédito, la estabilidad del servicio de electricidad, la seguridad ciudadana y la competencia desleal en el mercado (tanto desde las importaciones irregulares como de las prácticas monopólicas de algunas empresas grandes), son algunas de las inquietudes que más frecuentemente se reflejan en distintos sondeos de opinión empresarial, así como otros temas relacionados con la calidad de otros servicios públicos. De este modo, cabe preguntar, ¿están las asociaciones empresariales cabildeando activamente para que las políticas públicas aborden esas problemáticas?

Ante esta situación, sería aconsejable considerar, primero, realizar estudios que establezcan las verdaderas preocupaciones de las empresas afiliadas de las asociaciones empresariales; en segundo lugar, fuera bueno ordenar las prioridades empresariales según la urgencia y buscar establecer alianzas público-privadas para formular propuestas concretas para solucionar cada situación y servir adecuadamente a los sectores productivos, especialmente a la mayoría que son, precisamente, las pequeñas y medianas empresas.

martes, 28 de noviembre de 2017

Combatir el cambio climático de manera productiva con inversiones privadas

Por Odalis F. Marte
@ofmarte

 En diciembre 2015, centenares de países pactaron el Acuerdo de París sobre cambio climático. Bajo este tratado, nos comprometimos a mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius respecto a la época preindustrial lo implica elevar flujos financieros, la capacidad de gestión y las tecnologías para la transición hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El Acuerdo de París sobre cambio climático recoge los compromisos asumidos por los distintos países para contribuir a reducir sus emisiones de GEI en porcentajes de entre 20% y 35% para 2030 y así impedir que la temperatura se eleve más de 2 grados centígrados (preferiblemente en no más de 1.5 grados) con respecto a la era preindustrial en los próximos 84 años.

En el caso de la República Dominicana, luego de la ratificación del Acuerdo, el país se comprometió a reducir sus emisiones de GEI en 25% de las emisiones per cápita para el 2030, según lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, condicionado a la disponibilidad de recursos financieros. Dicho compromiso requiere, entre otras cosas, de mucha voluntad política, capacidad técnica y, sobretodo, financiamiento. En efecto, reducir en 25% las emisiones que implicaría un costo anual de transición estimado en el año 2013 en casi 2% del Producto Interno Bruto dominicano (Shultz y Aguilar Garza (2013): Venciendo las barreras a las finanzas del clima – Logros y próximos pasos en la República Dominicana. PNUMA/USAID), razón por la cual el compromiso dominicano está sujeto a la disponibilidad de recursos provenientes de distintas fuentes, principalmente de la cooperación internacional.

No obstante, luego de alcanzado el Acuerdo de París, una de las mayores dificultades del proceso de negociación sobre la implementación de dicho tratado ha sido precisamente el financiamiento en vista de que los países desarrollados presentan condiciones relativamente difíciles para facilitar fondos a los países en desarrollos para reducir sus emisiones, adaptarse al cambio climático y solventar los daños y pérdidas producidos por los fenómenos relacionados con las alteraciones del clima.



En ese sentido, países como la República Dominicana deben buscar movilizar ahorro interno de manera productiva a fin de que el sector privado invierta en proyectos redituables que contribuyan al objetivo de reducir las emisiones de GEI. De acuerdo al Inventario Nacional de emisiones de GEI, las principales fuentes emisión en RD son Energía (incluyendo generación eléctrica y transporte), Agricultura y Uso de Suelos, Residuos y Procesos Industriales. De este modo, las actividades económicas vinculadas a los sectores energético, transporte, reciclaje y manejo de residuos, agricultura, construcción, entre otros, llevamos de manera sostenible deberían ser foco de inversión privada.

La masa de ahorro de los fondos de pensiones y del ahorro privado en general en RD pueden ser canalizado utilizando algunos de los vehículos financieros y de inversión prescritos en las regulaciones financieras y del mercados de valores: Fondos de Inversión, Fideicomisos, entre otros, así como prácticas de Angel Investors, Crowd Funding y otras ideas innovadoras que sirvan para movilizar fondos privados para las inversiones climáticas redituables.    

jueves, 6 de julio de 2017

¿Por qué la gente suele percibir erróneamente que la inflación es más alta de lo que realmente es?

Por Odalis F. Marte*
@ofmarte

Frecuentemente se escuchan personas opinar que para ellos la inflación es más alta de lo que reportan las estadísticas oficiales siempre formulando la pregunta de ¿usted va al supermercado? La respuesta podría parecer obvia para un economista o un experto en estadísticas, pero no necesariamente así para el resto de la humanidad. Sabemos que la tasa de inflación suele calcularse como la variación porcentual del índice de precios al consumidor (IPC). El IPC es un promedio ponderado que se construye a partir de una canasta de grupos de bienes representativos del consumo de la población.

En el caso de la República Dominicana, el gráfico a continuación muestra cuánto pesa cada grupo de bienes en la canasta, destacándose que los bienes agrupados en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, Transporte y Vivienda representan poco más de la mitad de esos grupos de bienes. Por lo tanto, cuando se utilizan los precios observados en el supermercado, se estaría haciendo referencia a los precios de los alimentos que representa 25.10% de la canasta de bienes utilizados en el cálculo del IPC.

Grupos de alimentos que componen la canasta base de cálculo del IPC en la República Dominicana

Fuente: Banco Central de la República Dominicana
Que el público crea que la inflación es más alta que lo que revelan los datos oficiales no es un fenómeno exclusivo de un país en particular. De este modo, los estadounidenses, los británicos y los japoneses, por ejemplo, consistentemente opinan que perciben una inflación superior. La razón de esto no es clara.

En agosto de 2012, el corresponsal económico Jacob Goldstein, coanfitrión de Planet Money, un programa de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos (NPR, por sus siglas en inglés) que simplifica para su audiencia las complejidades de la economía, publicó un interesante artículo titulado Everybody Always Thinks Inflation Is Higher Than It Really Is (Todo el mundo siempre piensa que la inflación es más alta de lo que realmente es). 

Goldstein indagó sobre por qué la gente en Estados Unidos (y en otros países) tendía a creer que la inflación era más alta de lo que mostraban las cifras oficiales, lo que le llevó a revisar algunas investigaciones que estudiaron esa percepción.

Evolución de la inflación en los Estados Unidos de América (las áreas sombreadas corresponden a períodos de recesión)

En este sentido, Goldstein encontró la explicación que buscaba en el estudio de Georganas, Healy y Li (2014)  en donde encuentran que los consumidores tienden a fijarse en los precios de los bienes que compran con más frecuencia (sesgo de frecuencia), los cuales suelen ser bienes de consumo inmediato como son los alimentos, pero  tienden a obviar que muchos bienes de consumo duradero han tendido a experimentar aumentos de precio más moderados y, en algunos casos, hasta a bajar de precio a lo largo del tiempo. De este modo, el público se refiere a los precios de los bienes que compra con más frecuencia como referencia de la inflación de toda la economía cuando un grupo de bienes, por ejemplo, los alimentos en el caso dominicano representan sólo una cuarta parte de la canasta de bienes que entran en el IPC, base de cálculo de la inflación.

Más aún, el coautor del estudio Paul J. Healy, de la Universidad Estatal de Ohio, dijo en una entrevista con Jacob Goldstein que la gente tiende a notar más cuando los precios suben y a no darle igual importancia a cuando los precios bajan. Esto porque el público suele fijarse más en las malas noticias que en las buenas…

Esta es una discusión que ha de continuar debido a que algunos economistas académicos y hacedores de política económica suelen creer que la eficacia de la política monetaria depende más de la percepción de tasa de inflación que la tasa real de inflación calculada (Bernanke, 2007; Blanchard et al., 2010). Mientras tanto, extender la educación ciudadana sobre lo que es realmente la tasa de inflación (y su diferencia con lo que llamamos “el costo de la vida”) deberá seguirnos ocupando por tiempo extendido.
* Las opiniones expresadas en este escrito son de la exclusiva responsabilidad de su autor.

Referencias

Bernanke, B.S., 2007. Inflation expectations and inflation forecasting. Speech at NBER Summer Institute Monetary Economics Workshop.
Blanchard, O., Dell'Ariccia, G., Mauro, P., 2010. Rethinking macroeconomic policy. J. Money Credit Bank. 42, 199–215
Georganas, Healy y Li (2014). Frequency bias in consumers' perceptions of inflation: An experimental study. http://healy.econ.ohio-state.edu/papers/Georganas_Healy_Li-InflationExperiment.pdf.

Goldstein, Jacob (2012). Everybody Always Thinks Inflation Is Higher Than It Really Is. http://www.npr.org/sections/money/2012/08/15/158832170/everybody-always-thinks-inflation-is-higher-than-it-really-is?sc=tw

martes, 2 de mayo de 2017

¿Debería administrarse el Gobierno como se gestiona una empresa privada?

Por Odalis F. Marte 
@ofmarte
La noción de que la administración pública debería manejarse con criterios de optimizar el valor de cada peso gastado o invertido, exigiendo un retorno como se espera de la gestión de una empresa privada exitosa no es nueva. En efecto, el debate viene de lejos, sin embargo, la administración estadounidense 2017-2021 la cual está encabezada por un hombre de negocios que juró presidir a su país bajo criterios empresariales ha alentado una discusión pública en Estados Unidos y en otros países en torno a si manejar el Gobierno como una empresa sería un propósito razonable.

Por un lado, algunos estiman que el sector público no puede ser manejado con criterios empresariales, entre otras razones, primero, porque el principal objetivo del gobierno es proveer bienes y servicios públicos sin ánimo de lucro, tanto para las poblaciones y áreas geográficas que rinden algún retorno al dinero gastado, como en las que no deja rédito cuantificable alguno, y sorteando diversos intereses sectoriales.

De hecho, recientemente, el presidente estadounidense admitió que era más trabajoso y difícil el empleo de gobernar a su país que dirigir sus negocios privados. Un gerente privado puede tomar decisiones rápidas y hacerlas ejecutar ágilmente, en cambio los procesos de toma de decisiones en el Gobierno pueden largos y tediosos,

En segundo lugar, como las decisiones que se toman desde el gobierno pueden beneficiar a algunos y perjudicar a otros, sus medidas deben considerar elementos concernientes al equilibrio económico, político y social, entre otros. Esto hace mucho más complejo dirigir un gobierno que liderar una empresa puesto que esta última suele regirse con el único objetivo de ganar dinero

En este punto, se puede advertir la dificultad balancear las finanzas públicas reduciendo gastos bajo un criterio contable, como se puede hacer en una empresa. En una democracia se supone que se gobierna para la mayoría pero la minoría puede buscar ser compensada, a veces con creces, sobre todo si se trata de los más ricos del país…

Por otro lado, quienes abogan por llevar criterios de eficiencia empresarial a la administración pública tienen un punto: el Gobierno recibe por medio de nuestros impuestos el dinero de todos el país, por lo que es su responsabilidad  gastarlo de manera responsable exigiendo algún tipo de retorno social y de externalidad positiva a cada peso gastado, de manera que se sirva adecuadamente al bien común y no al beneficio particular de ciertos individuos o grupos de poder. 

Los gobiernos deben rendir cuentas a la ciudadanía con la mayor transparencia sobre cómo está gastando el dinero de la nación y los ciudadanos deben tener los mecanismos para exigir esa información.



Los gobiernos difícilmente quiebran, aún cuando se les somete a las peores prácticas administrativas por largo tiempo, a diferencia de las empresasProbablemente, podrían haber elementos de las buenas prácticas de la administración de empresas aplicables a la gestión pública, aunque es claro que gobernar un país es distinto a manejar un negocio. Tal vez la administración de Gobierno se beneficiaría de emular algunas prácticas de las pequeñas empresas: tener cuidado con el gasto y cobrar cada peso debido para mantener el equilibrio necesario para su supervivencia financiera. 

martes, 4 de abril de 2017

La oferta de formación laboral para jóvenes respecto a la demanda específica en el sector empleador en la República Dominicana

Por Odalis F. Marte
@ofmarte

A nivel global, los jóvenes enfrentan los desafíos de insertarse productivamente en un mercado laboral más complejo y que tiende a requerir de mayor nivel educativo para manejar procesos de producción más sofisticados, así como una mayor competitividad en la medida en que los movimientos migratorios que conlleva la globalización aceleran el desplazamiento de talentos en varios lugares del mundo. Este proceso parece más retador para las mujeres jóvenes al ser este género el que expande su nivel educativo de manera más acelerada, al menos en Occidente, especialmente en países en desarrollo como la República Dominicana.

Por otro lado, los jóvenes también se encuentran compartiendo y a veces compitiendo en un mercado laboral del cual sus mayores no han podido retirarse debido a los perjuicios que las más recientes crisis tuvieron sobre los niveles de vida y, particularmente, sobre las pensiones.

Además, los sistemas educativos han sido lentos en adaptar sus programas de formación a la velocidad que los empleadores  necesitan para minimizar los costos asociados al entrenamiento de nuevos empleados carentes de la experiencia precisa para elevar la productividad.



                                            Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

En la República Dominicana, los más jóvenes enfrentan una tasa de desempleo sustancialmente mayor a la tasa de desempleo abierta general, que para finales de 2016 se ubicaba en 6.4%. Esta sucede en un momento es que, en términos de la estructura de edad de la población, una importante proporción de los dominicanos son jóvenes en edad de trabajar:

● En 2015 los jóvenes entre 15 y 29 años representaron el 36.5% de la Población en Edad de Trabajar, unos 2,809,885 
● Cerca de la mitad de los jóvenes en edad de trabajar están activos en el mercado laboral
● El mercado laboral dominicano presentaría importantes barreras a la incorporación productiva de los más jóvenes

Las mujeres jóvenes enfrentan un reto aún mayor: La mujer está afectada por una tasa de desempleo que es el doble de la que afecta a los hombres, lo que representa un importante desafío para las políticas públicas de aprovechar una mano de obra que tiene a mejorar su nivel educativo.

Fuente: BCRD. 

Cada año egresan de nuestras universidades decenas de miles de jóvenes que acuden a un mercado laboral que deja a muchos sin emplear y, en algunos casos, los emplea en trabajos distanciados de la formación profesional de esos recursos humanos.

 
Fuente: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT).
¿Por qué a los jóvenes se les hace difícil encontrar empleo?

Según la Encuesta sobre la Transición de la Escuela al Trabajo aplicada en agosto 2015:
● por falta de puestos de trabajo (40.3% )
● por falta de experiencia (21.8%) 
● por falta de formación relevante (15.5%) 

Al parecer, hay nudos en el mercado de trabajo, pero también los hay en la oferta de educación terciaria en la República Dominicana. De este modo, la formación profesional tiende a concentrarse en determinadas carreras produciendo un exceso de oferta de abogados, contadores y otras áreas de negocios, entre otras, y un exceso de demanda por profesionales a nivel técnico e ingenieros. Esta situación sugiere que habría un problema de información por parte de los estudiantes y sus familias a la hora de seleccionar un plan de estudios, siendo este un punto que merece de mayor estudio.

Fuente: MESCYT.

Frecuentemente, el sector privado se queja de que escasea cierta mano de obra especializada:

● Representantes del sector turismo afirman que en las universidades se forma solo el personal gerencial (5% aprox.)
● Representantes de zonas francas han aducido la falta de técnicos en oficios tales como la mecánica industrial y otros vinculados al mantenimiento de bienes de capital
● Representantes del sector servicios han expresado que prefieren un personal orientado a resolver problemas, con capacidad de comunicación, trabajo en equipo y financieramente educado

La formación vocacional tendría espacio para mejorar la inserción de los jóvenes al trabajo…

Fuente: MESCYT.
Algunas observaciones

● El sistema educativo superior tiene el reto de mejorar su acoplamiento a la demanda de los empleadores
● El sistema está compuesto principalmente por estudiantes y docente de medio tiempo, pero los contenidos curriculares suponen tiempo completo 
● Esto cuestionaría si la duración y rigurosidad de los programas son adecuados ante los retos del mercado laboral

Las políticas públicas tienen un importante papel que jugar…

● Debe tenerse conocimiento de las profesiones demandadas
● En las discusiones de reforma laboral se argumenta mayor que flexibilidad ayuda a disminuir desempleo juvenil
● Se dan desencuentros ideológicos en esta discusión
● El debate debe incluir la elección entre proteger el empleo o proteger a los empleados…
Algunas referencias

● OIT (2016). Transiciones en el mercado de trabajo de las mujeres y hombres jóvenes en la República Dominicanahttp://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_533568.pdf
● Ramírez, N. (2016). Determinantes del desempleo en la República Dominicana: Dinámica temporal y microsimulaciones .http://www.bancentral.gov.do/biblioteca/documentos/pdf/ganadores/2016/primer.pdf
● ANJE (2015). Prioridades Empresariales y Áreas de Conocimiento en Programas Universitarios del Ámbito de Negocios. http://www.anje.org/app/do/publicaciones/encuesta.aspx
● Marte. O. (2014).  Necesitamos Formar Gente que Sepa Hacer Algo. http://odalisfmarte.blogspot.com/2014/07/necesitamos-formar-gente-que-sepa-hacer.html
● Marte, O. (2014).  Reforma del mercado laboral en la República Dominicana: ¿proteger el empleo o al empleado? http://odalisfmarte.blogspot.com/2014/06/reforma-del-mercado-laboral-en-la.html
● Ramírez, F. (2013) Oferta laboral en la República Dominicana: Tendencias y determinantes. http://www.bancentral.gov.do/bibliotecap/pdf/libros/Nueva_Literatura_Economica/2013.pdf





jueves, 16 de febrero de 2017

Aprestos de desregulación financiera en Estados Unidos: Ley Dodd-Frank y metales conflictivos

Mientras indagábamos sobre posibles efectos de una posible flexibilización de las regulaciones financieras en los Estados Unidos sobre las economías como la dominicana, y sus implicaciones para la política monetaria, mediante una modificación de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor (http://www.bancentral.gov.do/noticias/pag_abierta/archivos/pag20170214.pdf), notamos aspectos de esa normativa que van más allá de lo concerniente a la estabilidad financiera.
Por ejemplo, el artículo 1502 de esta Ley incluye requisitos para las empresas que utilizan oro, estaño, tungsteno y tántalo, metales que son insumos en la industria electrónica, deban determinar si esos materiales provienen de la República Democrática del Congo o de un país adyacente y, en caso afirmativo, llevar a cabo una "debida diligencia" de su cadena de suministro para determinar si sus compras de minerales contribuyen al financiamiento de grupos armados en la zona. Este aspecto concitó malestar en el sector empresarial estadounidense argumentando lo costoso de cumplir con la regulación.
La Ley de Dodd-Frank (2010) se considera un marco regulatorio muy grande de 2,300 páginas. Esta Ley restituyó y amplió muchas de las provisiones regulatorias de la Ley Glass-Steagall, que sólo contaba con 37 páginas, la cual había sido promulgada en 1936 luego de la Gran Depresión. El sector privado en Estados Unidos, incluyendo a las instituciones financieras se quejan de que el marco regulatorio es demasiado abarcador, engorroso y costoso de cumplir, por lo que les resta capacidad de expansión de sus negocios. La administración del presidente Trump quiere satisfacer esas demandas aduciendo que perjudica el acceso al crédito, pero recientemente la gobernadora del Banco de la Reserva Federal, Janet Yellen, negó que hubiera restricciones al crédito citando una encuesta de la National Federation of Independent Businesses en donde el 96% de los agentes económicos consultados afirman que accedían al crédito privado bajo requisitos normales. Yellen también afirmó que los bancos estadounidenses son más rentables y sólidos que sus contrapartes en países desarrollados.

Mirando tanto interés político alrededor de la regulación financiera, uno se puede preguntar si no habría algo más que querer facilitar el acceso al crédito. Para los políticos profesionales y aficionados, el ejercicio de la política es excitante, para los tecnócratas puede ser una actividad cargada de misterios. Algunos de esos misterios pueden resultar imperceptibles para la opinión pública porque, como en su momento afirmaba Juan Bosch, “en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y las que no se ven son las más importantes".